Unas 40.000 personas padecen en Canarias hepatitis C y de ellas unas 12.000 que han sido diagnosticas como enfermas tendrían que haber iniciado el tratamiento que el Gobierno español "ha vetado", ha dicho hoy Intersindical Canaria por medio de un comunicado.
El sindicato señala que la condición de universal y gratuita de la sanidad pública, reconocida en la Ley General de Sanidad y el conjunto de las legislaciones de carácter autonómico, obligan a las administraciones públicas a poner a disposición de los pacientes el tratamiento más efectivo para combatir su enfermedad.
El tratamiento debe darse con independencia del grado de gravedad de su dolencia y el coste del tratamiento, recuerda Intersindica, que por ello dice que no es admisible que continúe retrasándose la dispensación del Sovaldi o de cualquier otro tratamiento para los pacientes afectados por hepatitis C.
Intersindical Canaria dice que la oferta hecha por el ejecutivo canario, prometiendo para finales de febrero unos 105 tratamientos dirigidos a los pacientes "más graves", incide en la "frivolidad y la indolencia" con la que la Consejería de Sanidad toma los problemas de salud de los canarios.
Esa oferta es insuficiente y ridícula en relación con el número de afectados, y tendría que haber sido sustituida por una exigencia al Gobierno central para que en breve plazo, e independientemente del coste del tratamiento, se ponga a disposición de todo aquél canario que la necesite, agrega Intersindical.
Destaca que el abaratamiento del coste del producto es una negociación que tendría que estar resuelta con el conjunto de países miembros de la Comunidad Europea.