Los grupos Nacionalista Canario y Socialista rechazaron hoy una propuesta del PP para que en la reforma de la ley de la prestación canaria de inserción se mencionase expresamente que el Gobierno canario debe financiar los recursos para su gestión a los 88 municipios del archipiélago.
Esta fue una de las enmiendas presentadas por la oposición al dictamen sobre el proyecto de ley de modificación de la prestación canaria de inserción que, en lo referente al informe de la ponencia, fue aprobado por unanimidad en comisión parlamentaria.
Ello le confiere "doble valor" a este dictamen, según dijo el presidente de la comisión de asuntos socialistas, el nacionalista Ignacio González Santiago.
Para el debate de hoy se mantuvieron seis enmiendas y cuatro de ellas eran del grupo Mixto, cuyo diputado Pedro Justo, de Nueva Canarias, dijo en su defensa que el objetivo era el de aumentar el porcentaje de la prestación, pues entiende que los perceptores y quienes puedan solicitar dicha cuantía mensual en el futuro están perdiendo al menos 9 puntos de poder adquisitivo.
La parlamentaria del grupo Nacionalista Canario Flora Marrero rechazó este argumento porque, explicó, uno de los objetivos de la modificación legal es el de que la PCI llegue al mayor número de beneficiarios posible, lo que no sería factible si se incrementa la cuantía de la ayuda.
Tanto el grupo Nacionalista Canario como el Socialista rechazaron además otras dos enmiendas en las que el Mixto y el Popular defendían el mismo propósito, que era el de acortar el plazo en el que la administración autonómica debe contestar los expedientes de solicitud.
Según explicó la parlamentaria popular Milagros Bethencourt, es correcto que los ayuntamientos tengan dos meses para recibir los expedientes pero la Comunidad Autónoma debe acortar dicho plazo a un mes para dictar su resolución, pues además esta documentación la recibe vía informática y no físicamente.
Sin embargo Flora Marrero objetó que el Gobierno canario tiene que "atender" a los 88 ayuntamientos canarios y en muchas ocasiones se necesita tiempo para solventar fallos detectados en las solicitudes.
Milagros Bethencourt defendió la otra enmienda del PP en la que se pedía cambiar en el texto legal la expresión "contribuir" por la de "financiar" a los ayuntamientos por parte del Gobierno de Canarias, algo a su juicio "fundamental" pues su "percepción" es que el Ejecutivo no quiere atender a los municipios de más de 20.000 habitantes cuando entre en vigor la modificación de la PCI.
En su opinión, esta reforma conllevará mayor demanda de solicitantes para los ayuntamientos y éstos a su vez precisarán más recursos humanos y financiación, y la garantía de ésta "no está para nada" en el texto de la ley.
Rosa Guadalupe Jerez, del grupo Socialista, opinó que ésta es una interpretación "restrictiva" por parte del PP y negó la pretensión de modificar dicho término, pues implicaría fijar en una ley lo que debe hacerse a través de una norma sectorial de competencias municipales.
Señaló la diputada socialista que lo correcto es mantener el artículo en el término actual y luego fijar el porcentaje de participación del Gobierno canario con una norma de distribución de competencias o por un acuerdo ejecutivo entre la Comunidad Autónoma y la Federación Canaria de Municipios.