El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo autonómico proseguirá con sus acciones judiciales contra las prospecciones de petróleo en las islas, aunque Repsol ya haya abandonado sus planes, porque el objetivo es que ni esta empresa ni ninguna otra busquen crudo en aguas próximas a las islas.

"Seguimos en todos los frentes jurídicos porque queremos garantizar que en el futuro no solamente Repsol sino ninguna otra petrolera sea autorizada a llevar a cabo prospecciones en las aguas del entorno de Canarias en coherencia con el modelo de desarrollo que defendemos", ha declarado a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo de Europa Press con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, con el que se ha reunido posteriormente.

Así, el presidente regional ha explicado que siguen adelante tanto las quejas presentadas en Bruselas como los expedientes que se tramitan en el Tribunal Supremo y el Constitucional, así como el informe encargado al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín sobre la posible arbitrariedad en las decisiones del Gobierno de España en relación con las autorizaciones de las prospecciones en Canarias.

Si se hubiese producido esa arbitrariedad en Canarias con respecto a otros lugares como Baleares --donde el Ministerio de Medio Ambiente desaconsejó un proyecto de prospecciones-- y "si se derivaran responsabilidades, incluso penales", el Gobierno autonómico "impulsará las acciones que sean necesarias", ha advertido.

Rivero ha reiterado que la decisión de Repsol de no continuar con las prospecciones en Canarias, por no haber hallado recursos en cantidad y calidad suficientes, supone que "la batalla la ha ganado la sociedad canaria". Aunque ha expresado su deseo de que la multinacional siga llevando a cabo "sus actividades como empresa" en las islas, ha añadido que espera que estas "no tengan nada que ver con agredir al medio natural del archipiélago".

A su juicio, el hecho de que Repsol se haya retirado "a la primera de cambio" se debe a que la empresa y, especialmente, sus accionistas "son conscientes de que para su imagen no ha venido nada bien este empeño" en el proyecto. Además, ha atribuido ese empeño a "la presión del regulador, el Ministerio de Industria", ya que, según le comunicaron los propios accionistas hace unos meses, esas actividades "no estaban en sus planes estratégicos".