La Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad el informe de la ponencia para la modificación de Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) -previo a la aprobación definitiva de la ley que está prevista para el pleno del próximo martes-, en el que se establecen cambios tan significativos como la obligación del Gobierno de contar con fondos suficientes para atender la demanda de todas aquellas personas que cumplan los requisitos, suprimiendo la coletilla vigente que vinculaba esta circunstancia a la disponibilidad de fondos.

Así, todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en la necesidad de acabar con la lista de espera que sufren muchos usuarios que, incluso teniendo reconocida la ayuda, esperan durante meses a que el Gobierno tenga fondos para poder cobrarla.

"Le hemos dado la vuelta al sistema actual para darle respuesta a los ciudadanos que están en exclusión o en riesgo y lo hemos hecho de forma consensuada. Ahora le tocará al Ejecutivo buscar la manera de cumplir con ello", reconocía ayer una de las principales promotoras del cambio legal, la diputada del grupo nacionalista Flora Marrero, para la que "garantizar por ley las ampliaciones de crédito que sean necesarias era una medida fundamental que había que tomar".

En la misma línea se manifestaron los portavoces del Partido Socialista, Partido Popular y Nueva Canarias, que, además, ya han acordado también reducir, al menos de nueve a cuatro meses el plazo de tramitación.

"Nosotros creemos que la Consejería podría hacerlo en un mes porque solo tiene que resolver, ya que el grueso del trabajo del expediente les corresponde a los ayuntamientos", manifestó ayer la popular Milagros Bethencourt, cuyo argumento fue compartido por el diputado de Nueva Canarias Pedro Justo.

Sin embargo, Coalición Canaria y Partido Socialista consideran que "no es posible rebajar más el plazo, según lo confirman los propios profesionales", según explicó Marrero.

No obstante, tanto el Partido Popular como Nueva Canarias llevarán de nuevo esta enmienda el martes al pleno para "tratar de reducir al máximo el tiempo de espera".

"Se va a pasar de plazos de nueve meses a un máximo de cuatro. Es un grandísimo avance", insistió ayer Marrero, que ya adelantó que las enmiendas volverán a ser rechazadas.

Cáritas: "Nosotros solos no podemos más"

El presidente de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo, compareció ayer por primera vez en una comisión parlamentaria. Lo hizo invitado por todas las fuerzas políticas y con el objetivo de dar a conocer las principales conclusiones del último Informe Foessa sobre exclusión social.

"Los datos son preocupantes y alarmantes por eso creemos que ustedes (dirigiéndose a los diputados) tienen que hacer algo y no solo nosotros", manifestó al inicio de su intervención.

Ruiz del Castillo reconoció que el Plan de Lucha contra la Pobreza "ha sido muy insuficiente, puesto que se ha dedicado a paliar la situación y eso ha hecho que no llegue la ayuda a todas las familias. Nosotros queríamos atender más y mejor los casos que ya teníamos y no hemos podido hacerlo. Realmente no podemos más", advirtió a los parlamentarios.