Los sindicatos docentes salieron ayer de su encuentro con la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación casi como entraron en ella: con la incertidumbre sobre las especialidades en que se convocarán oposiciones este año y sin una idea concreta de cómo será el plan anunciado por la Administración para garantizar la estabilidad de los interinos de más edad.

Los representantes del profesorado y el Gobierno se reunieron en la Mesa Sectorial de Educación para empezar a negociar la oferta de plazas del proceso selectivo previsto para junio. El director general de Personal, Carlos Quesada, solo reveló que serán entre 20 y 25 especialidades y que entre ellas no estarán las del cuerpo de maestros que se convocaron en 2013 (Inglés, Francés y Audición y Lenguaje). Los tribunales que evaluarán a los aspirantes serán entre 40 y 75.

El procedimiento que permitirá dar estabilidad a los interinos de más de 55 años y con al menos cinco años de antigüedad, como recoge la Ley Canaria de Educación, sigue también sin definirse. En una rueda de prensa celebrada poco antes de la reunión, el consejero José Miguel Pérez se limitó a avanzar que los 827 docentes que reúnen estas condiciones "no van a perder su puesto de trabajo" tras las oposiciones, aunque "no seguirán necesariamente en la misma plaza".

El sindicato ANPE calificó de "decepcionante" la sesión de la Mesa Sectorial y volvió a criticar la "nula voluntad negociadora" de la Consejería.

Además, la organización, mayoritaria en el Archipiélago, reveló a través de un comunicado que casi la cuarta parte de las plazas que se ofertaron en 2013 fueron obtenidas por aspirantes no residentes en Canarias, según le transmitió la propia Consejería. Este dato demuestra, a su juicio, que "el efecto llamada existe y era imprescindible y urgente llegar hoy (por ayer) a un acuerdo" para evitarlo.

Por su parte, el STEC-IC alertó de que la convocatoria de oposiciones "pone en peligro los puestos de trabajo de 5.000 interinos al provocar -si no se modifica la normativa- una "reordenación brutal" de las listas de empleo. El sindicato propuso como alternativa a las pruebas selectivas "la apertura generalizada" de estas listas.