El vocal de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Juan Setien, teme que si el Gobierno regional mantiene en su borrador del reglamento que regulará el alquiler vacacional la exigencia de una autorización previa por parte de la comunidad de propietarios para poder dedicarlas a esta actividad, proliferarán las negativas, una situación que solo salvarán -previsiblemente- bancos y promotores que fueron incapaces de vender los pisos tras construirlos y que mantienen la totalidad -o la mayor parte- del edificio.
Setien advierte de que el propietario de este tipo de vivienda -cuando esté incluida en una comunidad- tendrá que contar con el beneplácito de la mayoría de sus vecinos, un aspecto que también critica la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que promueve la regulación de la actividad para evitar que la Administración imponga cuantiosas multas a quienes se dediquen a la actividad -el Estado dejó en manos de las autonomías este aspecto y en las Islas aún no hay una normativa específica-.
Los administradores de fincas asumen, tal y como defiende la Ascav, que en Canarias hay unas 50.000 viviendas dedicadas al alquiler vacacional -actividad que se desarrolla desde hace más de 30 años- y que sus propietarios, la mayoría pequeños inversores, optaron por esta fórmula que da mejores rendimientos que el alquiler tradicional a tres o cinco años . "Pero con este requisito, corren el peligro de ver devaluada su inversión inmobiliaria", alerta.
Setien recuerda que este requisito no existe en la regulación que han ido aprobando otras autonomías y cree que atenta contra el derecho de la propiedad, en el caso del dueño del inmueble, pero también de la libertad de elección desde el punto de vista del turista. "En las Islas, un 10% de ellos optan por esta fórmula", asegura.