El Pleno del Parlamento de Canarias dio luz verde ayer, con el apoyo de todos las formaciones políticas, a la modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI) que en la práctica supondrá la reducción del tiempo de tramitación a menos de la mitad del que se había establecido en el año 2011 y que permanece vigente.

En concreto, desde la entrada en vigor de ley, prevista para el próximo semestre, los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos meses para tramitar y remitir las solicitudes de PCI, en vez de los tres que se contemplaban hasta ahora, pero el mayor recorte de tiempo afectará al Gobierno de Canarias que tendrá un máximo de dos meses para examinar y resolver el expediente en vez de seis meses.

No obstante, tanto el Partido Popular, por boca de la diputada Milagros Bethencourt, como el Nueva Canarias, a través de su líder Román Rodríguez, mantuvieron hasta el último momento sus enmiendas destinadas a que el plazo máximo para el Gobierno fuera incluso mejor y pasara de seis meses a uno.

"La Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias solo tiene que resolver el expediente, el grueso del trabajo lo realizan los ayuntamientos que son los que tratan directamente con los solicitantes y los que han de realizar todo el trabajo, así que nos parece que con un mes sería suficiente", detalló desde la tribuna Bethencourt.

Mientras que Rodríguez calificó de "exagerado" que el Gobierno tenga más tiempo o el mismo que los ayuntamientos, cuando "se está hablando de personas con necesidades inmediatas que no pueden esperar ni un día más".

Sin embargo, tanto la portavoz del grupo nacionalista, Flora Marrero, como la del grupo socialista, Rosa Jerez, recordaron la imposibilidad de rebajar por debajo de dos meses el periodo necesario para resolver por parte de la Consejería.

"Los propios técnicos de la Consejería nos han dicho que no es viable acortar más el plazo, pero de los tres meses que inicialmente pedíamos los vamos a rebajar a dos", anunció Marrero como enmienda transaccional a la ley que contó con el respaldo de CC, PSOE y también de PP que "aunque insuficiente" consideró que "es positivo cualquier reducción del plazo", según manifestó Bethencourt.

Además, con la aprobación del nuevo texto legal también se establece la ampliación de la cobertura, puesto que las ayudas ya no solo serán destinadas a personas en exclusión social, sino también para aquellas que están en riesgo de estarlo.

Igualmente tendrán derecho a pedirla las personas que no están empadronadas y las víctimas de malos tratos y se garantiza la renovación de la misma si permanecen las circunstancias que originaron su concesión.

Respecto a la financiación, la normal establece que el Gobierno deberá asignar fondos para atender a toda la demanda que exista, si bien en este punto todos los puntos recordaron que no se trata de una acción vinculante y que, por lo tanto, dependerá de la voluntad política del gobierno de turno.

Una vez que la modificación fue aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la consejera de Política Social, Inés Roja, subió a la tribuna y agradeció a los diputados su esfuerzo, asegurando que "han dado cumplimiento a la Estrategia contra la Pobreza aprobada en 2013".

las claves

Los ayuntamientos tendrán un tiempo máximo de dos meses, en vez de tres, para recoger la solicitud y tramitarla, elaborando el programa de inserción necesario.

La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias pasará de contar con seis meses para resolver el expediente a hacerlo en un máximo de dos meses

Tendrán derecho a la ayuda no solo las personas en exclusión social sino también aquellas en riesgo de estarlo