La conversión de la antigua caja de ahorros CajaCanarias en fundación sigue dando coletazos en el terreno judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó en una sentencia -que puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo- el recurso interpuesto por los anteriores gestores de la entidad y que avala de esta manera las actuaciones del Ejecutivo autonómico en esta materia.

Como se recordará, el Gobierno nombró una comisión gestora tras dar por incumplido los plazos de la antigua entidad para completar la transformación que estaba obligada a celebrar por ley. Esa comisión gestora, que encabezó Marisa Tejedor, desarrolló los estatutos de la fundación que se constituyó más tarde y nombró a sus patronos.

Pero los responsables de la fundación originaria -que lideraba Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias- defendían -tal y como mantienen ahora- que habían completado todos los trámites exigidos por ley y que también habían cumplido con los plazos, si bien no habían logrado inscribirla antes de agotarse estos.

Por ello, los gestores originarios intentaron el recurso contencioso administrativo que ahora resolvió el TSJC. Buscaban que se anularan todas las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno autonómico y que obligara al Ejecutivo a autorizar la inscripción de la primera fundación en el registro correspondiente.

El propio TSJC había desestimado antes otra petición interpuesta por el equipo de Arvelo a fin de que se suspendiera de forma cautelar el decreto del Gobierno por el que acordó tutelar la transformación de la antigua entidad en una fundación, además de revocar sus órganos así como el mismo nombramiento de una gestora.

"Siempre pensamos, y seguimos sosteniendo, que hicimos todo conforme a la ley: estamos convencidos de que las cosas se hicieron bien en el proceso de transformación de la entidad en una fundación de carácter especial y colaboramos con el Gobierno totalmente en el proceso", manifestó ayer Arvelo en relación al nuevo fallo del TSJC, que condena en costas a los recurrentes.

En un nota de prensa, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, remarcó que la sentencia "confirma la validez y rigor jurídico de la actuación del Ejecutivo autonómico en el proceso de transformación de la Obra Social de CajaCanarias a Fundación de carácter especial en el año 2013".

Añade que "la Sentencia ratifica la actuación administrativa del Protectorado de Fundaciones y del Gobierno canario en todos sus términos" y celebró el fallo judicial porque "garantiza la seguridad jurídica del proceso y, por tanto, la continuidad de la tarea que realiza la Fundación CajaCanarias".

En cambio, Arvelo está convencido de la validez de las actuaciones llevadas a cabo en su momento por su equipo, por lo que ejercerá su derecho a interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

las claves

El fallo del TSJC señala, por una parte, que al término del plazo para la inscripción de la fundación en el correspondiente registro de la comunidad -que es a partir de cuando adquiría personalidad jurídica- este paso no se llevó a cabo y añade que la responsabilidad de esta circunstancia no es imputable a la Administración -como alegaban los recurrentes- debido a retraso o desidia en la concesión de la autorización para llevarla a cabo.

Por el contrario, lo que aprecia el tribunal es "una falta de completar las actuaciones que incumbía efectuar a la recurrente para obtener todos los requisitos que le eran exigibles antes de la fecha tope".