La ejecución del Plan de Vivienda 2009-2012 sigue trayendo de cabeza a la Consejería de Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias, puesto que según sus propios datos son más de 7.000 las personas que en su momento solicitaron alguna de las líneas de ayuda contempladas y a las que no se les ha dado ningún tipo de respuesta.
En concreto, son 7.011 los solicitantes a los que la Consejería mantiene en una especie de limbo administrativo y sin saber a qué atenerse, aunque en buena parte de los casos los propios funcionarios aseguraron a los peticionarios que cumplían con los requisitos y que tenían derecho a la ayuda.
En las subvenciones para la compra de Viviendas de Protección Oficial (VPO) se contemplaban subvenciones de 3.000, 6.000 o 12.000 euros para los beneficiarios que, además eran compatibles con otra ayuda estatal de 10.200 euros. Existen 3.500 afectados de los que ninguno ha cobrado hasta la fecha, pese a que esas viviendas las vendía el propio Gobierno de Canarias a través de Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructura de Canarias) por unas sumas totales de hasta 156.000 euros.
Respecto a la subvenciones para la autoconstrucción se registraron 1.542 demandas que tampoco han sido atendidas tras cerca de tres años desde que se agotó su plazo de presentación.
Las ayudas a la compra usada o de segunda mano son la tercera línea de subvenciones interrumpida por el Gobierno por la falta de disponibilidad presupuestaria causadas por las políticas de austeridad.
Los beneficiarios tenían derecho a ayudas de 1.500, 3.000 o 6.400 según la renta del demandante en relación con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En total la Consejería de Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias recibió 1.969 demandas de subvenciones de las que 425 fueron en el año 2009, 728 en 2010, 547 en 2011 y 215 en 2012, según los propios datos que constan en el Instituto Canario de la Vivienda.
De ellos no solo no ha cobrado la ayuda ninguno sino que a la gran mayoría ni siquiera les ha llegado respuesta alguna a su solicitud, pese a que al menos hasta el año 2010 el personal informaba verbalmente a los solicitantes de que podrían contar con la ayuda en seis meses.
Fuera de esta polémica queda la ayuda a la hipoteca joven que fue la línea de ayuda más demandada en su momento -7.000 solicitudes-, pero el Gobierno de Canarias sí ha tramitado una salida para estos afectados que aspiraban a cuantías de 3.000, 6.000 o 12.00 euros, realizando una nueva convocatoria para exclusiva para afectados de los que finalmente solo mil tendrán derecho a la subvención.
Respecto a la subvención del alquiler el Gobierno si informó de su paralización y aprobó un decreto en septiembre de 2012 regulando la situación.
El PP lleva al Parlamento las ayudas por vivienda usada
La diputada del Partido Popular Milagros Bethencourt defenderá en el próximo pleno del Parlamento de Canarias una proposición no de ley para se reconozca y cuantifique la deuda que mantiene el Gobierno de Canarias con los solicitantes de las ayudas para la adquisición de vivienda usada, conforme al Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012, así como hacer público en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) un listado de los afectados con su orden de en el abono de la subvención.
También solicita el abono de esta ayuda con cargo a la partida económica de cinco millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad para este año para atender a las líneas inconclusas de los planes de vivienda. También propone la creación de una mesa de trabajo entre la Consejería y la Plataforma de Afectados que ya suma un centenar de adscritos hasta que se resuelva el conflicto.
A juicio de Bethencourt, "el Plan de Vivienda ha sido una estafa masiva del Gobierno de Canarias y un canto de sirenas donde miles de jóvenes cayeron llamados por las golosas subvenciones que todavía hoy siguen esperando". La diputada tacha de "escándalo la gestión en materia de vivienda en los últimos años e insiste en que, "pese al desastre, ningún responsable ha salido a dar la cara, aunque metieron a miles de jóvenes en un berenjenal y los han dejado tirados sin contemplaciones". Para la parlamentaria "ha habido oscurantismo y mala fe en toda la actuación de la Consejería de Políticas Sociales y Viviendas Gobierno de Canarias puesto sabiendo que no había dinero para hacer frente a la demanda seguía publicitando las ayudas y recogiendo las solicitudes".