La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias contará durante este año con un presupuesto de más de 30 millones de euros (30.123.669 euros) para contratar con entidades privadas la provisión de plazas sociosanitarias en centros acreditados en el ámbito de la dependencia.

Con estos fondos, se garantizará la derivación a centros especializados de aquellos pacientes que se encuentran ocupando una plaza hospitalaria, pese a contar con el alta médica, y que no pueden retornar a su domicilio habitual, bien por desarraigo o abandono familiar o por la ausencia de familiares y/o seres queridos, y que tampoco cuentan con apoyos sociales ni económicos suficientes para vivir de forma autónoma.

Aunque inicialmente la atención y derivación de estos pacientes era compartida entre las Consejerías de Sanidad y Política Social, por tratarse de beneficiarios de recursos sociales y sanitarios, el pasado 15 de enero se facultó a la directora del Servicio Canario de Salud (SCS) para que actúe como órgano de contratación de las entidades privadas, asumiendo de esta manera Sanidad todas las competencias para evitar las duplicidades que podrían retrasar el traslado de este tipo de pacientes.

Se cumple así con las propuestas realizadas en múltiples ocasiones tanto por los profesionales sociales como por los representantes de los trabajadores sanitarios y los empresarios propietarios de los centros sociosanitarios que no entendían cómo podía haber hasta 400 pacientes en los hospitales de tercer nivel, pese a estar dados de alta, cuando existían hasta 700 plazas libres especializadas que se podrían concertar.

Desde la Consejería de Sanidad confirman que actualmente se han contratado 120 camas con un coste año de 2.628.000, pero no necesariamente tienen que estar contratadas todo el año, ya que se van utilizando en función de necesidades. No obstante, los fondos previstos para este año están pensados para atender una demanda de cien camas en cada una de las islas capitalinas.

Canarias es la primera comunidad del territorio nacional que cuenta con una regulación de este tipo y que la ha dotado financieramente para ampliar la protección sociosanitaria sobre los pacientes que carecen de apoyos familiares.

En el fondo de la cuestión se encuentran los problemas habidos en Canarias en la implantación y aplicación de la denominada Ley de Dependencia, la ausencia de recursos sanitarios y una planificación específica para los enfermos crónicos a los que difícilmente se les puede garantizar una atención suficiente en su domicilio.

La necesidad de este recurso se ha producido como consecuencia del envejecimiento y los hábitos de vida que han llevado a la prevalencia de las enfermedades crónicas, de modo que se estima que el 80% de las atenciones sanitarias que se realizan son para reste tipo de pacientes que, a su vez, consumen en torno al 77% del gasto sanitario.

No obstante, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, ha defendido en múltiples ocasiones que el Plan de Salud -que está previsto que se debate y apruebe en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias- tiene entre sus prioridades una estrategia para abordar los problemas de los pacientes crónicos.

Pacientes que cuestan 700 euros diarios

La decisión de crear un sistema de derivación a centros sociosanitarios de pacientes de los hospitales que cuentan con el alta médica pero que, como consecuencia de su falta de arraigo familiar, permanecen en los centros hospitalarios se tomó después de que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, alertara en enero del año pasado de que había 400 personas en esta situación y que ello conllevaba un elevado coste para el sistema sanitario que, por otra parte, estaba infrafinanciado por el gobierno central.

Y es que una plaza en un hospital de tercer nivel -como son los cuatro de las islas capitalinas- tiene un coste diario que no baja de los 715 euros y que incluso puede llegar a superar los mil, mientras que una plaza en un centro sociosanitario difícilmente supera los 100 euros.

De esta manera, con la puesta en marcha de la normativa que fija los criterios de derivación de pacientes con dependencia, el Gobierno no solo ha conseguido liberar camas que de otra manera estarías inoperativas, sino que también ha conseguido aumentar el número de personas con recursos asistenciales enmarcados en la ley de dependencia y reactivar la creación de empleo en el sector privado.