Enagás informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, finalmente, alcanzó un acuerdo tanto con Endesa como con el Gobierno de Canarias por el que se hace con el 100% de la propiedad de las dos futuras regasificadoras del Archipiélago -la de Tenerife y la de Gran Canaria- justo después de que este periódico preguntara a la empresa la causa del retraso para completar esa operación a la que las partes estaban obligadas por mandato de la Ley para la Garantía y Suministro e Incremento de la Competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares.

Enagás, que es el gestor del sistema, evitó dar una respuesta directa sobre la causa de la demora. La norma daba seis meses -desde octubre de 2013- para llegar a un acuerdo y, de no lograrse en ese tiempo, se abría la vía del arbitrio, que era oficialmente la fase en la que estaba el proceso hasta ayer.

Poco después de preguntársele si el motivo del retraso era , tal y como apuntan fuentes conocedoras de la operación, a una significativa diferencia entre el precio al que aspiraban Endesa y el Gobierno regional por su parte y el que estaría dispuesto a pagar la gasista, Enagás respondió primero que el acuerdo era "inminente" y luego remitió el texto que envió de forma simultánea a la CNMV sin entrar a valorar esos señalamientos.

En todo caso, el comunicado aclara que el importe total de la transacción, que comprende el precio de las acciones y el de los de créditos participativos en la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), ascendió a 8,9 millones de euros.

Endesa poseía hasta ahora el 41,9% del total, mientras que el Ejecutivo autonómico tenía un 10,9% a través de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan). El otro 41,2% ya estaba en manos de Enagás.

Así, la titularidad de las instalaciones de regasificación pasó al grupo del que forma parte el Gestor Técnico del Sistema, al que pertenece Enagás.

Endesa siempre se negó a comentar el estado del proceso, pero no escondió su disgusto cuando cambió la ley y se vio obligada a deshacerse de las regasificadoras y las estaciones de bombeo.

Por su parte, el Gobierno regional guardó silencio durante todo este tiempo. La semana pasada indicó que estaba "a la espera" del resultado del arbitrio mientras insistía en que su parte era "menor" a la de Endesa.