La Audiencia de Cuentas de Canarias considera necesario que se realice un mayor control de las contrataciones de personal del sector público empresarial, según se indica en el informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2013.

En el informe también se refleja una mejora en la ejecución presupuestaria de la administración autonómica, que superó el 97 por ciento.

En un comunicado de la Audiencia de Cuentas se indica que ha mejorado la estimación del presupuesto inicial del sector público, que abarca a las consejerías, organismos autónomos y demás entes públicos, con un saldo positivo de 88,3 millones de euros, resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos (respectivamente, 6.732,4 y 6.644,2 millones de euros) cambiando la tendencia de años anteriores.

Las principales fuentes de ingresos fueron las aportaciones del Estado, el 62,8% de los recursos, seguida de la financiación adquirida por medio de operaciones de crédito, con el 15,6%.

Desde la perspectiva del gasto, el importe se contuvo prácticamente en todas las políticas públicas, explica la Audiencia de Cuentas.

La mayor cuantía del gasto se realizó en Sanidad (42,1%) y Educación (23,4%), que junto con Acción Social (4,1%) conforman los denominados servicios públicos fundamentales, cuya cobertura financiera corresponde al Estado.

La Audiencia de Cuentas indica que la cobertura por parte de la administración central fue insuficiente a pesar de los recortes en los gastos realizados en los últimos años, debiendo aportar la Comunidad Autónoma recursos propios en detrimento de otros servicios.

Añade que el presupuesto inicial de la administración autonómica ascendía en 2013 a 6.358,7 millones de euros, ejecutándose el 97,9% de los gastos y el 97,4% de los ingresos, con un saldo presupuestario positivo de 9,5 millones de euros.

No obstante, agrega la Audiencia de Cuentas, al hacer un ajuste con los remanentes, cambia a signo negativo, produciéndose un desequilibrio entre ingresos y gastos, lo que significa que quedaron gastos pendientes de pago.

Los organismos autónomos tuvieron en el ejercicio 2013 un presupuesto agregado de 2.919,90 millones de euros, que se ha reducido en un 8% con respecto al del ejercicio anterior.

De ese presupuesto agregado un 90,7% se corresponde con el del Servicio Canario de la Salud. El grado de ejecución en los presupuestos de ingresos está entorno al 100% o incluso es superior para algunos de ellos. Para los gastos el grado de ejecución alcanzado oscila entre un 99,2% y un 95,2%, para la mayoría de los mismos.

La Audiencia de Cuentas de Canarias considera recomendable que los organismos autónomos desarrollen e implanten las adaptaciones necesarias para la mejora del sistema de información en la gestión económica-financiera de algunos de esos entes.

Asimismo, otras entidades públicas han contado con un presupuesto agregado de 46,30 millones de euros, que se ha reducido en un 5,7% con respecto al del ejercicio anterior.

Con respecto a las sociedades y entidades empresariales, comenta que si bien ha mejorado respecto al ejercicio anterior, en general, se sigue incumpliendo en los pagos el plazo legal en un 24% de los casos.

Asimismo, los fondos propios de algunas fundaciones continúan debilitados debido a la acumulación de resultados negativos en los últimos ejercicios.

La Audiencia de Cuentas de Canarias considera necesario que se realice un mayor control de las contrataciones de personal del sector público empresarial, y también estima que debe regularse la definición de objetivos e indicadores para hacer un seguimiento efectivo de su actividad, tanto en las memorias previas como en los informes económicos posteriores sobre la gestión realizada.

En relación a las autorizaciones previstas en las leyes de presupuestos para concertar operaciones de endeudamiento por las entidades integradas en el sector público empresarial, la deuda de las empresas públicas con las entidades financieras se redujo en un 3,5% respecto a 2012.

Sin embargo, el órgano fiscalizador estima conveniente la revisión del procedimiento de dichas operaciones para su mayor eficacia, y también se recomienda a los centros directivos que tengan asignada la tutela de las entidades integrantes del sector público empresarial para que realicen un mayor control de sus operaciones de endeudamiento.