La reunión que celebraron ayer el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero; el viceconsejero regional de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente; la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, y el de Casitas de La Palma, José Cuevas, acabó sin la promesa por parte de la Administración de incluir las concesiones que los propietarios de este tipo de inmuebles -e impulsores del decreto que el Ejecutivo aprobará, previsiblemente, antes del final de la legislatura- demandan.
Borrego informó al término del encuentro que ambas partes están de acuerdo en que las casas que puedan ser destinadas a esta actividad deben ser "legales", siendo diferente lo que cada una considera como tal.
Tampoco hubo una promesa clara de suprimir la obligación de conseguir la autorización por parte de la comunidad de vecinos cuando este tipo de viviendas pertenezca a una, tal y como pedía la Ascav.
El Gobierno solo indicó que "estudiará" el asunto apenas dos días después de que la patronal hotelera tinerfeña tildara de "grave error" si esta regulación resulta "laxa".