Las autonomías han dejado de recibir en los tres últimos años del Ministerio de Sanidad 1.409 millones de euros -33 millones, en el caso de Canarias- por los recortes en la financiación del sistema de atención a la dependencia y las autonomías más afectadas han sido Andalucía, Cataluña y Madrid.
Según se desprende del informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la merma en la financiación estatal ha supuesto un recorte para Andalucía de 342,1 millones de euros, de 240,4 para Cataluña y de 145,4 para Madrid.
En la presentación del informe, dos representantes de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez y Gustavo García, destacaron que si se añade al recorte en la financiación estatal la rebaja acumulada en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones), la desinversión pública en el sistema se elevaría a más de 2.276 millones de euros.
Tras Andalucía, Cataluña y Madrid, las comunidades que tuvieron mayor recorte en prestación por dependencia fueron Castilla y León (108,9), Comunidad Valenciana (92,3) y Galicia (84,3).
Por el contrario, las autonomías menos afectadas por los recortes han sido Navarra (5,3), Baleares (25,3) y Cantabria (26,1).
Asimismo, el informe recoge los resultados de la aplicación de una escala de valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia, según la cual Castilla y León, País Vasco y Andalucía han obtenido una puntuación superior a 7 puntos sobre 10, mientras que las peor valoradas son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana.
Para la elaboración de dicha escala se tienen en cuenta una serie de indicadores como el número de personas beneficiarias sobre el total de la población, las solicitudes, los dictámenes, las personas con derecho a dependencia pendientes de servicio, el incremento interanual de las personas atendidas o el gasto público en dependencia por habitante y año, entre otras.
En la presentación del informe, tanto Ramírez como García subrayaron que la escala se elabora partiendo de los datos oficiales que publica el Ministerio de Sanidad a través del Imserso, a partir de la propia información que aportan las comunidades autónomas y que la misma se viene aplicando de forma invariable desde el año 2008 con carácter semestral.
Se trata, dijeron, de analizar los datos oficiales disponibles desde el 30 de noviembre de 2013 a finales de ese mismo mes de 2014, transformados en indicadores de medida,
Por ello, aclararon que "las descalificaciones que puedan verter algunas comunidades o el propio Ministerio carecen de fundamento" porque se puede "discutir sobre si un indicador es más o menos relevante pero no sobre los datos oficiales".