La portavoz del grupo parlamentario Popular, Australia Navarro, ha exigido hoy un régimen transitorio para dar seguridad jurídica a la construcción de nuevos hoteles de 4 estrellas en Canarias, hasta que el Gobierno regional apruebe el reglamento de desarrollo de la ley turística.
Australia Navarro considera en un comunicado que es "indefendible" que CC y PSOE pretendan aprobar una reforma de la Ley turística que deja "en el aire" durante un plazo máximo de un año el reglamento donde se fijen las exigencias que deben cumplir los nuevos hoteles de 4 estrellas y mientras tanto sea el Gobierno "discrecionalmente" el que decida "quién cumple o no con unas condiciones que nadie conoce".
La portavoz popular considera que "la mejor solución es aprobar con la reforma de la Ley turística un régimen transitorio que establezca unos parámetros de calidad que permitan valorar con criterios objetivos las solicitudes de construcción de nuevos hoteles y se ofrezca de esta forma seguridad y certidumbre jurídica a los promotores".
Al respecto, Navarro señaló que el PP se alinea con las tesis defendidas por el Servicio Jurídico de la Presidencia del Gobierno, que informó en este mismo sentido la reforma turística que promueve el Ejecutivo regional y que respaldan hasta el momento tanto Coalición Canaria como el PSOE.
La portavoz popular se pregunta "por qué el Gobierno no quiere hacer las cosas bien, por qué accede a levantar la prohibición de nuevos hoteles de 4 estrellas y a la vez obstaculiza su construcción al negarse a aclarar cuáles son los parámetros de calidad que deben cumplir".
Australia Navarro sospecha que "en realidad el Gobierno de CC y PSOE pretende que los estándares exigibles a los hoteles de 4 estrellas sean superiores a los que se establecen para los hoteles de 5 estrellas, como una forma de penalizar cualquier crecimiento de la oferta en alojamientos hoteles de categoría inferior a 5 estrellas".
"Esta sospecha se denuncia explícitamente tanto en el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma de la ley como en el informe del Servicio Jurídico del propio Gobierno", agrega.