El Gobierno autonómico y el central se verán las caras el jueves para tratar de buscar una solución a las discrepancias del Ejecutivo del Partido Popular hacia 17 puntos de la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Con la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, ambas administraciones buscan dirimir sus diferencias antes de acudir al Tribunal Constitucional (TC), que es justamente el peligro que afronta la norma educativa regional, amenazada de recurso por el PP.

A finales de octubre, el Gobierno de España comunicó al de Canarias sus reparos sobre algunos aspectos de la primera ley de educación autonómica, aprobada el pasado junio con el voto favorable de los grupos nacionalista canario, socialista y mixto y el rechazo del PP.

Los 17 puntos de la norma en los que el Gobierno central aprecia inconstitucionalidad o invasión de competencias estatales forman parte de siete artículos y dos disposiciones adicionales.

Entre los contenidos discutidos por la Administración del Estado figuran la organización de las pruebas de evaluación de diagnóstico, la posibilidad de negociar mejoras en las condiciones salariales del profesorado, la incorporación a los centros de docentes jubilados como asesores, la regulación de la etapa de Educación Infantil, la convalidación de títulos de Formación Profesional como créditos universitarios o la ampliación de los programas de diversificación curricular a cuarto curso de la ESO.

También se encuentran en cuestión las medidas de estabilización laboral del profesorado interino, precisamente una materia que está siendo negociada en las últimas semanas por la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales.

Canarias ha defendido la adecuación de la ley a la Carta Magna y al reparto de competencias entre ambas administraciones. "Actuamos respetando escrupulosamente la normativa básica del Estado y en ningún caso la contradecimos, pero allí donde entendemos que es mínima e insuficiente para atender las singularidades canarias, desarrollamos nuestra capacidad legal de actuación", argumentó el titular de Educación, José Miguel Pérez, cuando se conocieron las objeciones del Gobierno de España.