La consejera regional de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, aseguró ayer en sede parlamentaria que "habrá dinero" para los acuerdos que se adopten en la VI Concertación Social y que espera que las tres partes -Gobierno, patronales y sindicatos- puedan acabar el proceso "entre el 10 y el 15 de marzo".

Los empresarios, pero sobre todo los sindicatos, vienen advirtiendo al Ejecutivo autonómico que "no van a hacer" la campaña electoral a nadie, una advertencia clara al departamento que dirige Luengo al rechazar posar en la foto de los acuerdos si la Administración canaria no garantiza antes que modificará los presupuestos regionales para este año.

Tanto el portavoz de la Dirección Provisional de CCOO Canarias, Antonio Pérez, como el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, exigen al Gobierno una reunión de la Mesa General -no solo con el área de Empleo, sino también con la de Economía y Hacienda- para que explique qué cambios hará a las cuentas autonómicas antes de acceder a firmar los acuerdos de las únicas seis mesas de la VI Concertación Social que podrán cerrarse con anterioridad al término de la legislatura.

Luengo repasó las áreas que, previsiblemente, alcanzarán acuerdos -participación institucional, prevención de riesgos laborales, garantía laboral, emprendimiento, soluciones extrajudiciales y protección social- y defendió el "buen" ritmo de las negociaciones, al tiempo que aseguró que se adoptarán por un "amplio consenso".

Mientras que la portavoz en esta materia del PSC-PSOE, Gloria Gutiérrez, cuestionó el "cinismo" del PP al solicitar una comparecencia sobre concertación social tras poner en marcha la "contrareforma" laboral y su insistencia en "asfixiar" a los sindicatos, la del PP, Aurora del Rosario, defendió que su grupo llevará al Parlamento las iniciativas que crea conveniente.

Gutiérrez lamentó que el PP canario haya defendido la pérdida de influencia de los sindicatos en la reforma laboral "como si los trabajadores estuvieran en igualdad de condiciones que los empresarios", arremetió antes de defender la labor de los sindicatos en la concertación social.

Rosario criticó que la legislatura finalizará sin resultados "satisfactorios" en el diálogo social y criticó que las prisas de Luengo por "sacarse la foto" de la concertación que, según adelantó, será "sin contenido real". Tras cuestionar que el Gobierno regional vaya a proveer los fondos necesarios para sacar adelante los acuerdos de la concertación, el PP aseguró que el departamento de Luengo "no se está mojando" en las mesas técnicas de negociación.

La consejera replicó que la foto será "la que quieran" las tres partes y defendió que las mesas se han reunido en ocho meses 40 veces.

Beneficios "electorales" y polémicos EFQM

Entre las acusaciones que iban y venían del Gobierno a la oposición y en sentido contrario, destacaron dos. La primera la formuló la propia consejera regional de Empleo, Industria y Comercio en la comparecencia sobre los avances en concertación social.

Justo al final, antes de que finalizara, Francisca Luengo señaló que el "verdadero escándalo" del PP en materia de empleo es el Programa Local de Apoyo al Empleo, una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración con las cámaras de comercio y los municipios financiado con fondos europeos.

En la descripción de la medida que el Gobierno central envió a los ayuntamientos y las cámaras, resalta que entre sus "beneficios" está la "publicidad para las campañas electorales que comienzan en este mes", una acusación que los diputados populares no esperaban al desconocer la existencia de ese documento.

Por el contrario, fue la oposición quien sacó a la luz otra polémica en la comparecencia de la consejera sobre los cursos del Servicio Canario de Empleo (SCE) para desempleados en 2014.

El portavoz en materia económica del PP, Jorge Rodríguez, criticó que las certificaciones que acreditan la calidad de los centros que imparten esos cursos en las Islas (EFQM) "se pueden adquirir por ahí" y cuestionó que el ente público tome en cuenta este criterio al valorar los establecimientos de formación mientras demandaba al Gobierno que examine su calidad "real".

"Lo dice es gravísimo", espetó Luengo, que retó a Rodríguez a no escudarse en la inmunidad parlamentaria y a denunciar el asunto ante la Fiscalía. El líder popular asintió en señal de ratificación de sus palabras y respondía así a la consejera, que recordó que ya hizo frente a ese "rumor" para desmentirlo.