El aplazamiento de la entrada en vigor del decreto que regula la aportación de los beneficiarios de servicios enmarcados en la denominada ley de dependencia es agua pasada, pese a que fue un compromiso del Gobierno de Canarias con los cabildos y las asociaciones de usuarios adquirido el pasado mes de octubre, tal y como confirmó ayer en el pleno del Parlamento de Canarias las consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Inés Rojas.
"El decreto sigue su curso", detalló la consejera a pregunta de la socialista Rosa Jerez, que mostró sus dudas sobre si se estaba cumpliendo el acuerdo de crear grupos de trabajo que determinaran la mejor manera de aplicar la nueva norma.
"Está creado el equipo de trabajo que se acordó entre cabildos, entidades y Gobierno de Canarias a cuenta del decreto de copago, en el que todos hemos coincidido en que no solo es una realidad necesaria y una obligación legal. Hemos resuelto seguir con el decreto adelante, pero que las entidades cuantifiquen cuál es el desfase que se les va a producir en los primeros años de aplicación del decreto para que el Gobierno, por la vía que considere más oportuna, convenio o subvención directa, se le equilibre y compense.
Sin embargo el anuncio de Rojas ha sido recibido tanto por las entidades como por los cabildos con desconfianza, puesto que si la Consejería está dispuesta a asumir este gasto de esa compensación, el coste rondaría los diez millones de euros, ya que solo en la isla de Tenerife son 3,2 millones.
Rojas aclaró ayer durante su intervención en el pleno del Parlamento que "no se trata de un nuevo copago".
"Todos los usuarios ya hacen una aportación por los servicios que reciben, pero con este decreto se homogeneizan esos precios en todas las islas para que todo el mundo tenga el mismo servicio por la misma cuantía. Por eso, este decreto beneficia a las personas dependientes, pero el tercer sector, que es el que gestiona los servicios, se va a ver con una minoración en sus ingresos si se aplica en masa las nuevas tarifas y es ahí donde tenemos que dar una solución", añadió.
Rojas ya había adelantado el viernes en comisión parlamentaria la intención del Gobierno de dar marcha atrás en lo acordado, ante la sorpresa de todos los grupos políticos, que incluso llegaron a dudar de si habían entendido correctamente a la consejera.
Rojas explicó que la entidades, al tener regulado la situación de cuál es la aportación de las personas dependientes, iban a tener un desfase en sus ingresos porque no había homogeneización, de tal manera que se respetaría el decreto, pero se equilibraría para no tener que retrotraer el decreto, "que es beneficioso para los usuarios y que es obligatorio por ley tenerlo".
"Se está trabajo con las entidades y estamos a la espera de conocer la cantidad exacta de cada una para cubrirla", aseguró. Sin embargo, los cabildos confirmaron ayer que aún no saben con seguridad cuál es la postura del Gobierno. De hecho no tienen constancia de que el decreto no se haya aplazado, tal y como se acordó en octubre.
Además, de este cambio anunciado por Rojas, la consejera también dio a conocer que el Cermi ha pedido al Ministerio de Política Social la revisión del copago para las personas con discapacidad para que no paguen lo mismo ni tratar igual a una persona que es dependiente por ser discapacitada que a otra que lo es por ser mayor. "Nosotros apoyamos ese cambio", concluyó.