Bien por la cercanía de las elecciones o bien porque las últimas decisiones adoptadas por Paulino Rivero no son de su agrado, lo cierto es que el candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, ha decidido poner tierra de por medio con la herencia que le deja el actual jefe del Ejecutivo canario.

Ayer, sin ir más lejos, aprovechando un foro organizado por la Cadena SER para hablar de Servicios Sociales, y ante representantes de ONG y casi una docena de destacados empresarios, Clavijo crítico abiertamente la política aplicada por Rivero en esta materia y, más en concreto, el decreto que regula la aportación de los beneficiarios de servicios enmarcados en la denominada ley de dependencia, más conocido como copago.

A juicio del también alcalde de La Laguna, se trata de una medida aprobada "sin consenso, que no tiene en cuenta la realidad económica e imposible de asumir" por las corporaciones locales canarias.

Es más, Clavijo adelantó que tanto él, en su condición de regidor municipal, como el resto de los alcaldes del Archipiélago, se opondrán a la aplicación del citado decreto e instó a la consejera responsable de esta materia en el Ejecutivo canario, Inés Rojas, a que lo revise, lo anule si es necesario y no lo aplique con carácter retroactivo.

El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno canario se mostró preocupado con la situación social que vive el Archipiélago y, en particular por las últimas cifras hechas públicas sobre pobreza y exclusión social; cuestionó la rigidez de las administraciones públicas a la hora de buscar soluciones y pidió perdón por lo que su formación política ha hecho mal. Por ejemplo, la implantación de la ley de dependencia en las Islas, que reconoció que "ha fracasado", además de por falta de recursos, por la incapacidad de sus responsables, en clara alusión a la cuestionada consejera Inés Rojas.

Como contrapartida, anunció que uno de los puntos fundamentales de su programa electoral será la puesta en marcha de una ley de Servicios Sociales en los primeros seis meses de legislatura, para que tenga reflejo en los presupuestos de 2016, y que deberá aprobarse con el consenso de todos los grupos.

El objetivo de esta nueva norma, según expuso Clavijo, será definir un modelo a medio y largo plazo, con recursos suficientes, pues los actuales no lo son, más humano y descentralizado en cabildos y ayuntamientos. En definitiva, más cerca del terreno.

La nueva ley de Servicios Sociales deberá definir una carta de servicios transparente, para que el ciudadano que los precise sepa donde acudir y no deambule de un lugar para otro en busca de una prestación acorde a sus necesidades.

Fernando Clavijo señaló que sería "más fácil y acertado" que fueran los trabajadores sociales de los ayuntamientos los encargados de aprobar las ayudas, no solo de tramitarlas, como sucede hoy en día, pues se ha demostrado que este modelo no funciona.

En esta línea volvió a insistir en la necesidad de mejorar la gestión de la administración para aprovechar bien los recursos.

Otra de las medidas que también tiene previsto el candidato de CC en el caso de llegar al Gobierno es la creación de una dirección general de Discapacidad que dependería directamente de Presidencia, para que sus políticas sean transversales y pueda mediar en todas las áreas del Ejecutivo.