Lo que parecía inevitable parece estar cerca de evitarse. Los gobiernos canario y central avanzaron ayer en la consecución de un acuerdo que impida que la ley autonómica de educación sea recurrida en el Tribunal Constitucional. Ambas administraciones se reunieron en el seno de la comisión bilateral Canarias-Estado y del diálogo extrajeron algunos frutos: la retirada de gran parte de las discrepancias del Ministerio de Educación con la norma regional y el compromiso de resolver las diferencias que aún las separan para que el recurso finalmente no se interponga.

El Ministerio había puesto reparos a siete artículos y dos disposiciones adicionales de la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Ahora solo mantiene objeciones a tres artículos, según informó a este periódico el director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, José Moya, que representó al Gobierno autonómico en el encuentro.

Las diferencias que aún existen son de carácter "interpretativo", explicó Moya, que mostró su satisfacción por el desarrollo de la reunión. "Ambas partes hemos manifestado nuestra disposición a evitar el recurso", recalcó. Las conversaciones continuarán después de que el Ministerio traslade una propuesta a la Consejería de Educación sobre los puntos aún en cuestión.

Entre los aspectos que han sido "salvados" figuran todos los relacionados con el profesorado. Así, el Ejecutivo canario tiene el visto bueno del Estado para arbitrar medidas de estabilidad para los docentes interinos de más de 55 años -que, precisamente, se negocian estos días con los sindicatos- y tampoco encontrará problemas para que los jubilados colaboren con los centros como voluntarios. También hay vía libre para negociar mejorar retributivas para los profesores con sus representantes sindicales.

Los artículos que todavía despiertan los recelos del Gobierno central son el 3o, el 31 y el 68. En el primer punto, que se refiere la Educación Primaria, la discrepancia se centra en el concepto de ciclo, que Canarias quiere aplicar a efectos de promoción en lugar del de curso. En el segundo ocurre algo parecido: la Lomce dice que se podrán agrupar las asignaturas para facilitar la transición de Primaria a Secundaria en primero de la ESO, mientras que la ley canaria prevé que también pueda hacerse en el segundo curso.

En cuanto al artículo 68, el Estado no ve con agrado que Canarias aluda a las evaluaciones de diagnóstico de manera general, sin distinguir entre las que son competencia exclusiva del Ministerio -sexto de Primaria, cuarto de la ESO y Bachillerato- y las que forman parte de las atribuciones autonómicas. El Gobierno canario no discute que esas pruebas competan a la Administración central, pero considera que "tiene algo que aportar en aspectos concretos".

Se trata, insiste José Moya, de diferencias en la interpretación, dado que el Estado mantiene una visión más "limitativa" sobre lo que dispone la ley. "Nuestras competencias no son tan restrictivas, aunque respetan la Lomce", indica el director general de Formación Profesional.

El resultado de la comisión bilateral Canarias-Estado permite confiar a la Consejería en que la primera ley educativa autonómica -aprobada en junio de 2014 por el Parlamento regional y derivada de una iniciativa legislativa popular con cerca de 30.000 firmas de apoyo- no quede desnaturalizada.