Solo siete autonomías, Baleares, Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, empezaron a reducir el gasto sanitario por habitante tras el primer embate de la crisis económica, según el informe "La Sanidad Española en Cifras", elaborado por el Círculo de la Sanidad.

El Círculo de la Sanidad ha presentado la última edición de su Libro Azul, que aborda el análisis de las diferencias territoriales generadas por la crisis en la prestación de los servicios sanitarios públicos a la ciudadanía, entre 2008 y 2011.

Según la información recopilada por la Fundación Gaspar Casal en esta obra, el gasto sanitario público por habitante se redujo de manera más o menos significativa en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, y hubo otra decena de autonomías en que, o bien se mantuvo estable o incluso se incrementó.

Mientras en Andalucía el gasto sanitario público por habitante cayó un 11 % entre 2008 y 2011, pasando de 1.330 a 1.184 euros, en ese mismo periodo, Asturias mejoró su posición en ese mismo indicador un 10,7 %, pasando de 1.481 a 1.641 euros por habitante.

En el conjunto de España, este indicador apenas varió. Si en 2008 se estimó un gasto medio por habitante de 1.389 euros, en 2011 esta cifra se situaba en 1.382 euros.

Los resultados muestran que, con carácter general, se han mantenido los niveles de prestación de servicios previos a la crisis e incluso se han mejorado en indicadores como la utilización de las resonancias magnéticas "a pesar de ser una prueba con un coste elevado", recuerdan los autores, o la cirugía ambulatoria.

Así como también se ha mantenido en niveles elevados el porcentaje de población protegida por el sistema sanitario público que se situaba en el año 2012 en el 99 % con pequeñas variaciones entre comunidades autónomas.

No obstante, se aprecia una evolución negativa en algunos aspectos, como la cobertura de personas mayores de 65 años vacunadas frente a la gripe que ha pasado de un 65,4 % a nivel nacional en 2008 a un 57 % en 2012.

En cuanto a los recursos sanitarios con que funciona el sistema, el informe no ha apreciado variaciones relevantes en indicadores como la dotación de personal de atención primaria en los centros o la disponibilidad de plazas en hospitales de día, aunque sí se ha encontrado con leves descensos en la disponibilidad de camas hospitalarias.

Este fenómeno se ha producido con diferente intensidad en todas las comunidades autónomas con las únicas excepciones de Castilla y León y Murcia.

El trabajo del equipo de investigación de la Fundación Gaspar Casal sí ha puesto de manifiesto algunos indicios de deterioro en indicadores de calidad del sistema sanitario y, más en concreto, en los tiempos de espera que sufren los pacientes para acceder a intervenciones quirúrgicas de carácter no urgente.

Si en 2008 los usuarios del sistema sanitario público tenían que esperar 71 días a ser intervenidos, en el periodo que separa ese ejercicio y el de 2012 el plazo medio para este tipo de intervenciones se ha extendido a 76 días, una situación que los autores dicen que "se puede atribuir a la agudización de la crisis y a los recortes presupuestarios".