La operación Telaraña, en la que está imputado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y que va camino de marcar un antes y un después en la política de la Isla, comenzó por cuatro presuntos delitos de cohecho cuyos posibles efectos jurídicos son, según fuentes de la cúpula regional del PSOE, la clave principal para la decisión de veto sobre Curbelo, que podría haberse lucrado con esas actuaciones.

¿Pero qué hay en el inicio de esa telaraña? El primero de los supuestos delitos tiene que ver con una compleja operación societaria recogida tanto en un informe de la Guardia Civil como en un escrito de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En noviembre de 2004, el conocido médico local Antonio Pérez constituyó la sociedad Chewy West, que acabó siendo permutada un mes después a Casimiro Curbelo a cambio de 166 participaciones de otra empresa que ya eran propiedad de Pérez (en apariencia, algo absurdo). Con ello, el presidente gomero pasó a ser dueño de tres locales comerciales y de dos viviendas (403.600 euros) y de 12.999 participaciones de otra sociedad (485.394 euros).

En realidad, Curbelo le estaba devolviendo a Pérez unas acciones tras un desencuentro pasado; mientras, presuntamente, con la entrega que hizo el médico al político se buscaba que este último diese luz verde a que la zona de Los Lameros fuese declarada como urbanizable residencial. Ya en agosto de 2005, el Plan Insular de Ordenación calificó la totalidad del suelo de acuerdo a los intereses de Pérez.

Algo similar ocurrió en el enclave conocido como Las Petroleras o El Revolcadero (Alajeró). Esos terrenos fueron adquiridos en 2004 por la sociedad El Machal, administrada también por Antonio Pérez, que los vendió en agosto de 2005 a la sociedad El Revolcadero.

Según los escritos policiales y de la Fiscalía, el 20% de esa otra empresa pasó a manos de una persona (por 20.000 euros, cuando se calculaba que su valor era de 500.000) que acabó reconociendo actuar como testaferro. El beneficiario, supuestamente, era Curbelo. Los indicios apuntan a que se trataba de un regalo como contraprestación para conseguir una edificabilidad de unos 75.000 metros cuadrados.

Parecido guion se dio en la zona de El Machal. Según declaración de Antonio Pérez, ese suelo lo adquirió por recomendación de Casimiro Curbelo, quien, a su vez, le solicitó un tercio como condición para que el terreno pasase a urbanizable. Posteriormente, alrededor de 2000 y a través de una empresa en la que se aglutinó todo el suelo, este fue vendido a la sociedad Tele Gomera por 100 millones de pesetas. El terreno, rústico en sus inicios, acabó categorizado como para nuevos espacios turísticos, lo que permitió su venta por esa elevada cuantía.

A los anteriores presuntos delitos se une una actuación dudosa relacionada con la obra de unos muros en la denominada travesía de Hermigua, de la que hay indicios de que Casimiro Curbelo pudo tratar de lucrarse.

Una denuncia por todos esos hechos y la posterior colaboración de Antonio Pérez, un día amigo y socio de Curbelo, después su gran enemigo, derivó en un proceso que, por ahora, ha terminado con la etapa de Casimiro Curbelo como hombre fuerte del Partido Socialista gomero, actualmente en manos de una gestora.

La documentación, de La Gomera a Ferraz

El sumario de la operación Telaraña (grabaciones incluidas) fue remitida por un rival de Curbelo a la Dirección federal del PSOE, que, finalmente, decidió prescindir de este para que fuese su candidato. Aunque la formación esgrimió también como motivos la "inestabilidad orgánica" y la necesidad de renovación, desde la alta militancia socialista regional afirman que todo gira en torno a esas imputaciones.

El Gola, la otra imputación de Curbelo

Además de estar imputado en el caso Telaraña, el presidente del Cabildo de La Gomera también lo está por los hechos ocurridos en El Gola, el local nocturno madrileño en el que, durante 2011, el veterano político gomero se vio envuelto en un incidente con la Policía.