El Gobierno autonómico no renunciará a poner en marcha su regulación del copago en dependencia. La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, insistió ayer en la necesidad de aplicar el decreto con el que pretende unificar las cantidades que pagan los usuarios de los centros, pese a que los dos grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo -Coalición Canaria y el PSOE- le aconsejaron replantearse la medida.

"Muchas instituciones y asociaciones están preocupadas", indicó la diputada socialista Rosa Jerez, en tanto Flora Marrero, del grupo nacionalista canario, corroboró que la implantación del decreto gubernamental traerá "enormes dificultades".

Rojas matizó que no se trata de crear un nuevo copago, sino de regular y ordenar el que ya existe, ya que "no se cobra lo mismo en todos los lugares de Canarias por el mismo servicio". Según la consejera, la norma será "beneficiosa sí o sí" para los usuarios.

Pese a ese convencimiento, Inés Rojas se mostró dispuesta a aplicar de forma progresiva el decreto. "No se va a hacer de golpe", garantizó. Así lo ha decidido tras reunirse con las entidades de la dependencia, a las que se compensará económicamente el "desequilibrio" financiero que puedan sufrir en el caso de que el desarrollo de la normativa supusiera una rebaja de la aportación de los usuarios. También avanzó que se reunirá la próxima semana con los cabildos -que han expresado en varias ocasiones sus recelos- para intentar alcanzar "acuerdos beneficiosos para todos".

El debate sobre el copago se produjo en el transcurso de la última comisión parlamentaria de Asuntos Sociales de la legislatura en la que participó Inés Rojas. La comparecencia había sido solicitada por el grupo popular para abordar la situación de la dependencia en las Islas. La diputada del PP Milagros Bethencourt acusó al Gobierno de "abandonar" a los dependientes y de ofrecer datos "maquillados" sobre la atención al colectivo.

Frente a la cifra de 40.408 solicitantes aportada por Rojas, Bethencourt recordó que la Consejería ha informado de que son 62.382, por lo que se preguntó si la diferencia -más de 20.000- corresponde a dependientes que han fallecido esperando la ayuda.

Por su parte, la consejera aseguró que de las más de 25.600 personas que tienen derecho a la atención, 23.196 ya la reciben. Los más de 2.000 dependientes que aún están en lista de espera se incorporarán al sistema este año, dijo.

"La delincuencia juvenil no ha crecido durante la crisis"

En el año 2008 los menores de edad que cumplían medidas judiciales en régimen cerrado -internos en centros sin posibilidad de salir de ellos para realizar actividades- eran 163. Ahora no hay ninguno. El dato fue expuesto ayer en comisión parlamentaria por la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, que atribuyó este hecho a que su departamento ha desarrollado otras opciones -régimen semiabierto y abierto- por las que pueden optar los jueces, pero también a que "la delincuencia juvenil grave no ha crecido durante la crisis".

La consejera y el diputado del grupo popular Emilio Moreno se enfrascaron en una discusión sobre las diferencias entre los distintos regímenes para los menores en centros. Según el parlamentario de la oposición, "semiabierto y cerrado es lo mismo; de hecho, hay chicos en régimen semiabierto que no salen nunca".

"Si un chico es un peligro para la sociedad ningún juez lo deja en régimen semiabierto o abierto. No es lo mismo. La diferencia está en el delito", replicó Rojas.

La diputada solicitante de la comparecencia -Rosa Jerez, del grupo socialista- calificó de "muy buena" e incluso de "perfecta" la gestión en los centros de menores durante esta legislatura, en contraposición a la anterior, cuando también era Inés Rojas la consejera encargada de los asuntos sociales.

Flora Marrero, del grupo nacionalista canario (CC), se mostró partidaria -con el asentimiento de la consejera- de hacer hincapié en los deberes de los menores y no únicamente en sus derechos.

Segunda fase del pago de la hipoteca joven

La Consejería de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias prevé dar vía libre en los próximos días al pago de las ayudas para la hipoteca joven a la segunda tanda de beneficiarios. Solo 289 de las 875 personas con derecho a cobrar han percibido hasta ahora sus ayudas, recalcó ayer en el Parlamento regional la diputada del grupo popular Milagros Bethencourt, quien preguntó sobre este asunto a la titular del departamento, Inés Rojas, y también recordó que los solicitantes de esta subvención ascendieron en su momento a 7.000. La Consejería ha consignado 3 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para hacer frente al abono de estas cantidades. Rojas avanzó que el segundo pago está a la espera del informe favorable de Hacienda y que podría publicarse la próxima semana. Las ayudas corresponden a convocatorias de los años 2010, 2011 y 2012 que en su momento no fueron pagadas por falta de disponibilidad presupuestaria.