Un total de 828 casos han sido derivados por los juzgados a mediación para la solución de conflictos fuera de la vía judicial desde la puesta en marcha en 2009 del servicio de mediación intrajudicial familiar del Gobierno de Canarias.

De estos, 449 aceptaron iniciar el proceso y el 41 por ciento alcanzó acuerdos totales o parciales con un coste medio para las arcas públicas de entre 550 y 400 euros, ha informado hoy el viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera, en el balance que ha realizado de la gestión realizada en la Administración de Justicia en la comunidad autónoma en la presente legislatura.

Herrera, partidario de fomentar la mediación antes de la judicialización del conflicto, ha detallado que la Consejería ha destinado en torno a 105.000 euros a mediar conflictos desde 2009 hasta la actualidad.

Ha agregado que se han firmado dos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Telde y Las Palmas de Gran Canaria para impulsar la mediación en el ámbito familiar y está en trámite la firma de un convenio con Santa Cruz de Tenerife.

En materia de violencia de género, el viceconsejero ha afirmado que, desde la integración en Atlante de la aplicación electrónica para alertar a las mujeres sobre cualquier tipo de acto procesal que pueda afectar a su seguridad, así como el alcance y cambio de la situación personal del condenado, la fecha de celebración del juicio oral o sobre la sentencia recaída, se han realizado ya más de 5.500 mensajes SMS y solo este año 3.363.

Ha hecho hincapié también en la cobertura preferente que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha dado al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, situándola en una de las partidas más importantes dentro de los presupuestos.

Canarias, ha indicado, es una de las comunidades en la que los importes de los baremos que se abonan por los procedimientos de la asistencia jurídica gratuita son más altos, superando ampliamente los que se pagan en el territorio que gestiona el Ministerio de Justicia.

Concretamente, el pasado año se gestionaron los créditos presupuestarios para el abono a los Colegios profesionales de Abogados y Procuradores de un total de 16.391.151 euros.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, ha informado de que el grado de ejecución presupuestaria de los créditos consignados para la gestión de la política pública de Justicia ha sido del 99 por ciento y en el capítulo de inversiones del cien por cien.

Parres García ha recalcado que Atlante II se "ha consagrado como uno de los mejores sistemas informáticos en el ámbito judicial en España" y que el siguiente paso será la presentación telemática de escritos y demandas desde los operadores jurídicos a los juzgados.

En cuanto a los proyectos tecnológicos, ha subrayado la integración de Atlante con el sistema de grabación de vistas, que posibilitará incorporar al legajo judicial la grabación de las vistas de los juicios, así como la puesta en producción en mayo de la "app" de Justicia que ofrecerá a los ciudadanos y profesionales información sobre sus expedientes judiciales y la actividad judicial a través del móvil o tabletas.

Igualmente, ha puesto de relieve la renovación de la totalidad de los equipos informáticos de la Administración de Justicia y la dotación de escáneres de alta gama para todos los partidos judiciales de las islas.

"Durante esta legislatura hemos pasado de 5 a 25 escáneres de gran capacidad especialmente indicados para macro causas", ha aseverado el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, quien se ha referido al proyecto de Cuadro de Mando Integral, una herramienta que posibilita combinar más de cien indicadores básicos de la actividad judicial para multiplicar la información disponible sobre la misma de manera exponencial.

Respecto a las periciales, el director ha dicho que supuso un gasto de 1.394.489 euros, al tiempo que ha informado de la puesta en marcha de un "plan de choque" para reducir las periciales psicológicas pendientes mediante la colaboración con los Colegios de Psicólogos de Canarias.

Para mejorar la calidad de los servicios que dan soporte o auxilio a la actividad judicial, como es el caso de los Institutos de Medicina Legal, Parres García ha especificado que uno de los compromisos del servicio es el de que el 100 % de las autopsias se realicen dentro del plazo de 24 horas, lo que se cumple al 99 %.

Sobre el gasto corriente, ha precisado que se ha ahorrado 47.341 euros en material de oficina ordinario no inventariable y en servicios postales de más de dos millones de euros.

Respecto a la plantilla, ha incidido en que durante la legislatura, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha tenido como principal objetivo mantener el esfuerzo presupuestario para no disminuir la plantilla de personal al servicio de la Administración de Justicia.