El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, presentó ayer en la Comisión de Justicia y Gobernación del Parlamento de Canarias el informe de su gestión correspondiente al año 2014, destacando que "se aprecia un desconocimiento de las normas básicas del procedimiento administrativo por parte del personal funcionario de las administraciones públicas".

Saavedra aseguró: "No culpo a los políticos de las resoluciones que se toman en muchas administraciones, sino a los funcionarios que deberían tener más y mejor formación para poder desarrollar adecuadamente su trabajo".

Además insistió en que "la situación se ha acentuado con las jubilaciones del personal cualificado realizadas en los últimos años y, sobre todo, esto se percibe en las áreas que tienen que ver con Economía y Hacienda, en los que nos encontramos con casos en los que ni siquiera se concede un periodo de descargo al interesado".

Según el comisionado del Parlamento, "El ABC de funcionariado no se sabe ni se aplica y eso queda de manifiesto, sobre todo, en las corporaciones locales".

En su comparecencia, Saavedra puso el ejemplo de un concejal de un municipio del sur de Gran Canaria. "Ya no es lo que se haga sino que también la inacción lleva a la prevaricación, como por ejemplo, un concejal que ha sido imputado porque un vecino presentó 80 denuncias por el ruido de un local. La Policía Local hizo los controles de sonido y nada más, por eso mantengo que hay que formar más y mejor a los funcionarios y a los cargos políticos también, aunque sea con un cursillo, porque si no se comenten este tipo de irregularidades, en este caso por omisión".

En este sentido, el Diputado del Común también puso como ejemplo un ayuntamiento que, "el mismo día que iba a ser declarado obstruccionista porque no había respondido a ni uno solo de los requerimientos que se le habían remitido envió todas la información y todos los expedientes que se le venían solicitando. ¿Es esto normal?", se cuestionó Saavedra que consideró que este ejemplo ponía de manifiesto que "si se quiere se puede colaborar".

En este punto informó de que durante el año 2014 se vio obligado a recordar en 382 ocasiones a las administraciones públicas canarias su deber de colaborar con esta institución y por lo tanto de responder a sus requerimientos y a las quejas de los ciudadanos.

Estos requerimientos se producen cuando han pasado tres meses desde que el Diputado del Común traslada las quejas de los ciudadanos a las administraciones sin tener respuesta.

Tras ese primer requerimiento, aún tuvo que insistir otras 114 veces por haber pasado ya cuatro meses sin respuesta, y agotado ese plazo es cuando ya se llega a una declaración por obstruccionismo y en última instancia se lleva el caso a la Fiscalía.