"El 30% de las plazas del personal laboral y el 11% de las de funcionario se hallan vacantes, lo que ocasiona una evidente merma del servicio que se presta en los centros penitenciarios y una no menos evidente situación de inseguridad para los reclusos y para el personal laboral". Así se manifestó ayer el secretario estatal de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras, Ángel Moreno, preguntado sobre la situación penitenciaria en Canarias.
Según Moreno, "existen importantes carencias en las instalaciones penitenciarias canarias, aunque son un servicio público esencial, tanto para el bienestar de la sociedad como para el de las personas que se encuentran privadas de libertad".
En este sentido, recordó que en la prisión de Tahíche en Arrecife, casi el 70% de las plazas de personal laboral y casi el 8% de las de funcionarios están vacantes.
Mientras que en Centro Penitenciario de Las Palmas están vacantes el 15,38% de los puestos de personal laboral y 8,42 de funcionarios y en Las Palmas II, 19,04% y 3,32% respectivamente.
En Santa Cruz de La Palma, el porcentaje de vacantes de personal laboral es del 20% y del 10,71% funcionarios.
En el Centro Penitenciario Tenerife II, el 17,64% de los puestos de personal laboral están sin cubrir y el 9,76%, mientras que en el Centro de Inserción Social (CIS) Mercedes Pinto están vacantes el 17,64% de las plazas de personal laboral y el 16,66 de las de funcionarios.
Ante estas cifras, Comisiones Obreras exige la paralización del proceso de privatización de Instituciones Penitenciarias y defiende que solo con empleados públicos es posible sostener el modelo público de prisiones establecido por la Constitución.
Según Ángel Moreno, esta privatización "se ha iniciado ya con la seguridad exterior".
Por ello exige que se cubra el número de empleados públicos necesarios para garantizar el correcto desarrollo del servicio público y que se aborde el déficit estructural de personal, agudizado por la insuficiente Oferta de Empleo Público y el envejecimiento de la plantilla.
"Sin profesionales no se pueden desarrollar los preceptos constitucionales ni garantizar la custodia de los internos. Esta escasez de personal afecta gravemente a la seguridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios", sentenció Moreno.