El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Cabildos, que tiene como objetivo actualizar la regulación de las competencias y funciones de estas entidades insulares en el marco de la reforma de las administraciones públicas.

Al texto se ha incorporado en el día de hoy una enmienda viva, referida a la naturaleza de los cabildos, de manera que, además de ser instituciones de la Comunidad Autónoma, también serán considerados órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente el archipiélago.

La Ley de Cabildos cuenta con 146 artículos y aborda, entre otras cosas, las competencias, la organización y el funcionamiento, la información y transparencia de los cabildos, así como sus relaciones con la administración pública de la Comunidad Autónoma.

A través de ella se quiere dotar a los cabildos de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto legal las especificidades que le son propias y que las distinguen y separan de las diputaciones provinciales, que ya aparecen suficientemente desarrolladas en la legislación estatal básica.

En el turno de intervenciones, el diputado Miguel Jorge Blanco (PP), en aras de alcanzar un consenso, anunció la retirada de las enmiendas vivas de su grupo y se sumó al voto favorable de esta Ley de Cabildos, que consideró como "parte esencial de la arquitectura legal" de Canarias. Además, quiso dejar claro la disposición que ha tenido el PP para llegar a un acuerdo "a pesar de no compartir ni el procedimiento inicial de tramitación, ni las premuras del Gobierno para la aprobación de esta norma".

Julio Cruz, del PSOE, añadió que esta normativa, tal y como pedía el PP, cumple con el respeto de la legislación básica del Estado, la consideración explícita de la suficiencia financiera de las competencias transferidas y la inexistencia de duplicidades administrativas, dando lugar a una ley donde "la austeridad y la eficiencia de los recursos es uno de los principios básicos a la hora de regular toda la estructura administrativa de las administraciones locales insulares".

Para el diputado socialista, "hoy culmina la tramitación de una iniciativa legislativa que ha estado presidida por el consenso desde el principio hasta el final", un consenso que quiso dejar por alto por las "discrepancias" que habían surgido en el debate político canario como consecuencia del ejercicio de las competencias autonómicas e insulares.

Agregó que esta ley es heredera de un "éxito colectivo" de la sociedad canaria y de todos sus responsables, y valoró que se ha logrado enriquecer gracias a las aportaciones de los propios cabildos y del Consejo Consultivo, de manera que, dijo, "hoy tenemos un texto que carece de cualquier duda de inconstitucionalidad".

Por el Grupo Mixto, Pedro Justo (NC) valoró la retirada de los artículos que el Consultivo consideró inconstitucionales, entre ellos, uno referido al régimen electoral y otro a la elección del presidente del Cabildo. Asimismo, resaltó que, tal y como ha quedado el articulado de la Ley, "queda defendida la cuestión de la gestión local" por parte de los cabildos.

Por último, el diputado José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, valoró que la Ley de Cabildos haya salido adelante con unanimidad, de la que resaltó algunos aspectos como la posibilidad de que puedan auto organizarse en igualdad de condiciones, o las relaciones entre la Comunidad Autónoma y los Cabildos.

UN TRABAJO "MUY COMPLEJO"

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, Francisco Hernández Spínola, compartió públicamente desde la tribuna parlamentaria el mérito de la aprobación por consenso de la Ley de Cabildo. "Ha sido un trabajo muy complejo, prolijo y no exento de dificultades", aseguró el consejero, quien destacó la capacidad y generosidad demostrada para alcanzar el necesario consenso que requería esta ley para su exitosa aplicación.

El consejero valoró "el trabajo de todos" y la capacidad de cesión mostrada por los grupos parlamentarios para mejorar esta proposición de ley que tuvo su origen en el acuerdo institucional alcanzado por el Gobierno de Canarias y la Fecai. "El trabajo parlamentario de estos meses ha mejorado la propuesta inicial y ha permitido su aprobación por consenso, recordó el consejero, quien agradeció, en este sentido, las enmiendas parciales promovidas por los grupos parlamentarios.

Hernández Spínola concluyó su intervención expresando su satisfacción personal por concluir su etapa como parlamentario tras doce años de dedicación a la política autonómica con el debate y aprobación por consenso de una ley "histórica" para Canarias, que junto con la unanimidad obtenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, "completan los ejes fundamentales de toda acción política", dijo.