La factura electrónica que desde el pasado 15 de enero es obligatoria para proveedores de la Administración Pública es un "desastre", ha denunciado hoy el portavoz de la Unión Profesional de Canarias, Mario Garrido, quien ha criticado que el sistema funciona muy mal y tiene muchos problemas.
Mario Garrido explicó que el sistema electrónico que el Ministerio de Hacienda puso en marcha para luchar contra el blanqueo de capitales y las malas praxis de las corporaciones obliga a tramitar todas las facturas por importe superior a los cinco mil euros por medio del programa facturae.
Comentó que algunas administraciones, como el Gobierno canario, han creado un sistema propio porque el del Ministerio de Hacienda "no sirve", pero otras administraciones, como el Cabildo de Tenerife, se han acogido al de la administración central sin comprobar que no funciona.
Con facturae, manifestó Mario Garrido, el primer problema es que el programa, por defecto, pone a las facturas el número sin tener en cuenta que se han presentado otras, con lo que la administración las rechaza al estar mal numeradas.
Otro problema es que el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) lo pone al 5 por ciento, cuando se paga al 7 por ciento, y el tercer problema es que al poner el servicio al que se factura hay que colocar tres códigos en la factura electrónica.
Mario Garrido señaló que el procedimiento para añadir los códigos es "tan complicado" que, o se llama a un número puesto por el Ministerio de Hacienda, que es un 902 y por lo tanto no gratuito, o hablar por teléfono con una persona que te explique cada paso, porque, afirmó, el manual de instrucciones "no sirve".
El programa de facturae es "tan poco intuitivo" que, según Mario Garrido, o llamas al 902 o no hay solución.
A juicio del portavoz de la Unión Profesional de Canarias es "triste" que el Cabildo de Tenerife se haya acogido al programa del Ministerio de Hacienda sin verificar que su funcionamiento es correcto, con lo que, añadió, la corporación insular ha rechazado decenas de facturas de proveedores.
El problema también se produce en el resto de España y es triste, insistió Mario Garrido, que cuando desde el Ministerio de Hacienda se habla a la vez de competitividad y nuevas tecnologías se hace esta "chapuza".