La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público para el secretario general en Tenerife del Partido Socialista (PSOE), Manuel Fumero, al que acusa de un presunto delito de prevaricación y de usurpación.

Según adelantó Mírame Televisión, el Ministerio Fiscal pide la apertura de juicio oral después de haber sido investigado e imputado por un supuesto delito contra el medioambiente, lo que ha llevado a que lo acusen de habilitar unos terrenos en suelo rústico como depósito municipal.

En concreto, y siempre presuntamente, el alcalde de Vilaflor usurpó una finca de la Sociedad Agraria de Transformación de San Miguel Arcángel y procedió a la instalación de un vertedero sin que existiese un acuerdo con los propietarios.

Más allá de estas circunstancias, la petición de inhabilitación cobra mayor relieve dado el convulso proceso de decisión de sus listas que ha vivido el Partido Socialista en las últimas semanas.

No en vano, Manuel Fumero -del sector de la candidata al Gobierno de Canarias, Patricia Hernández- se disputó el número dos al Parlamento por Tenerife con Gustavo Matos, que se acabó haciendo con el puesto.

Fuentes de la alta militancia socialista consideraron ayer que, con la decisión de la Fiscalía, Fumero quedaría en situación de "ineligibilidad" de acuerdo a los principios del PSOE, con lo que no estaría clara la continuidad de Fumero en la lista a la Cámara, en la que, finalmente, quedó como número cuatro, por detrás de Matos y de Teresa Cruz Oval.

Con todo, el futuro político de Manuel Fumero se antoja incierto, tanto en lo regional como en su cargo de secretario general de los socialistas en Tenerife, habida cuenta de que esta nueva situación judicial podría chocar con sus responsabilidades orgánicas en el Partido Socialista.

Alcalde obstinado

La Fiscalía acusa al alcalde de Vilaflor de haber promovido que su Ayuntamiento ocupara ilegalmente dos fincas privadas para convertirlas en un punto limpio y de "obstinarse" en mantener esa situación pese a los requerimientos de sus dueños.

El Ministerio Público sostiene que estos hechos convierten a Fumero, secretario general de los socialistas tinerfeños, en responsable de un delito de prevaricación y de otro de usurpación, por lo que pide que sea condenado a no poder desempeñar cargo o empleo público alguno durante un período de ocho años.

En el escrito de acusación que ha dirigido al juzgado que instruye los hechos, el número 1 de Granadilla de Abona, el fiscal del caso pone en tela de juicio la forma en la que el Ayuntamiento de Vilaflor ocupó en 2004 unos terrenos de la Sociedad de Agraria de Transformación (SAT) San Miguel Arcángel para convertirlos en un lugar donde depositar los enseres que se recogieran en el municipio.

La Fiscalía considera que esas dos fincas agrarias fueron ocupadas ilegalmente, sin permiso de sus propietarios y sin tramitar expediente administrativo alguno que avalara esa actuación.

La acusación pública responsabiliza directamente de esas irregularidades al alcalde de Vilaflor, al que reprocha que comunicara al pleno de la Corporación que tenía permiso de la SAT San Miguel Arcángel para convertir esos terrenos en un punto limpio, lo que llevó a los concejales a solicitar, por unanimidad, que se cedieran al municipio "con el compromiso de mantenerlos limpios".

"No obstante ello, nunca se tramitó ningún expediente administrativo ni se celebró ningún contrato entre el Ayuntamiento de Vilaflor y la entidad titular de los terrenos, sin que eso fuera obstáculo para que el acusado (Manuel Fumero) procediera a ocupar las fincas señaladas", añade la calificación del fiscal.

El Ministerio Público relata que, a partir de 2008, con la ocupación de los terrenos ya consumada, la junta general de la SAT San Miguel Arcángel se dirigió formalmente al Consistorio para que le explicara qué "trámites había cumplimentado" para instalar sin su autorización el punto limpio municipal en esas fincas.

El fiscal subraya que la sociedad propietaria de esos suelos se vio obligada a repetir hasta tres veces ese requerimiento formal "ante la actitud renuente y obstinada del acusado en no restablecer la situación ilegal generada por la ocupación señalada".

Llegados a 2011, concluye la Fiscalía, el alcalde de Vilaflor se amparó en una resolución del Cabildo de Tenerife que incluyó esas fincas en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos en la isla para iniciar los trámites de expropiación.

La acusación pública solicita que se abra juicio oral con Manuel Fumero por estos años como posible autor de delitos de prevaricación y usurpación y que se le condene a ocho años de inhabilitación y al pago de una multa de 2.250 euros.