El Juzgado de lo Penal Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un año de prisión a una madre como autora de un delito de atentado a funcionario público por agredir a una profesora en el centro público de Enseñanza Infantil y Primaria del sur de Gran Canaria. La mujer recriminó a la docente que llamara la atención a su hijo por jugar con una máquina durante el tiempo que duraba la actividad extraescolar y acabó propinándole un golpe en la zona derecha de la cara que la hizo caer al suelo.
El tribunal considera probado que la ahora condenada se encaró con la maestra, encargada de los niños durante la actividad extraescolar, "con ánimo de menoscabar su integridad física". La apuntó con el dedo, le preguntó "quién era ella para hablarle así a su hijo" y, finalmente, le asestó un golpe en la cara. Al caer al suelo, la víctima comenzó a pedir auxilio, momento en el que acudieron otra docente y el director del centro. Ambos declararon como testigos y aseguraron que su compañera "presentaba el lado derecho de la cara enrojecido", según recoge la sentencia.
El sindicato ANPE Canarias, que ha prestado asistencia a la profesora, denuncia el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran miles de maestros y celebra la decisión del Gobierno central de incluir en la nueva reforma del Código Penal -aprobada recientemente y publicada el martes en el BOE- penas de cuatro años de privación de libertad por agredir a docentes y sanitarios.
La jueza encargada del caso estima que ha quedado demostrado que la progenitora es penalmente responsable de un delito de atentado a funcionario público, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. La condena, por ello, a un año de cárcel -que no cumplirá al no tener antecedentes penales- con inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante ese tiempo. Además, dicta la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 50 metros o de establecer comunicación con ella durante dos años. Finalmente, la madre deberá abonar una multa de 639,66 euros por los 21 días que la docente tardó en recuperarse de las lesiones y una multa de seis euros diarios durante un mes.
La jueza detalla en la sentencia que el tipo penal de atentado a la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones se aplica desde hace varios años no solo a las fuerzas del orden público, sino también a los funcionarios de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, ha recordado que su organización lleva años asistiendo a docentes que sufren distintas formas de violencia en sus centros. "La sentencia dictada el 25 de marzo es solo una muestra más de que hay que atajar el problema en los centros, y deben ser las administraciones educativas las que lideren este asunto, poniendo al alcance del profesorado los mecanismos necesarios para garantizar su protección".
En este sentido, el sindicato aplaude la reforma del Código Penal, ya que responde a su reivindicación de reconocer al docente como autoridad pública. A juicio de Crespo, "esta figura legislativa no es la única manera de poner freno a esta problemática, pero es un paso en la dirección correcta". La organización augura que esta decisión contribuirá a mejorar el clima escolar de los centros, "igual que lo han hecho otras medidas autonómicas como el Plan de Convivencia puesto en marcha por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias".
El Código Penal ya lo recoge
Agredir a profesores o médicos en el ejercicio de sus funciones ya se considera, desde el punto de vista penal, como atentado a la autoridad. Así lo recoge la reforma del Código Penal aprobada hace unos días en el Congreso de los Diputados, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para quienes cometan estos delitos. De esta manera se plasma en la ley lo que ya aplican los jueces, puesto que la Fiscalía General del Estado dictó en 2008 instrucciones para que las agresiones a los docentes de centros públicos sean tramitadas como atentado a la autoridad. A ello se suma que algunas comunidades autónomas han aprobado normativas que proporcionan una especial protección al profesorado. Entre ellas no se encuentra Canarias, pese a la demanda reiterada de algunos sindicatos, en particular ANPE.