Representantes empresariales de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas, junto a instituciones públicas y privadas de esa isla, como el Cabildo que preside José Miguel Bravo de Laguna y la Cámara de Comercio que lidera José Sánchez Tinoco, desean conseguir por la fuerza, a través de múltiples presiones, y "con mentiras" -según han subrayado fuentes que prefieren mantener el anonimato-, lo que no han logrado con el ejercicio de la democracia más elemental -la de la incuestionable aritmética- en el seno del consejo de administración de la recién creada Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, una entidad que nace tras la integración en febrero pasado de las dos anteriores sociedades de garantías recíprocas (SRR) existentes en las Islas, Sogarte (Santa Cruz de Tenerife) y Sogapyme (Las Palmas).
La fusión de esas dos sociedades se produjo formalmente en febrero pasado, para así poder cumplir con los nuevos requisitos impuestos por la Ley 14/2013, del Estado, a ese tipo de personas jurídicas (las que intermedian como avalistas en operaciones de crédito entre entidades financieras y empresas o profesionales).
Los cambios introducidos por esa ley se concretan en uno básico: la obligatoriedad de disponer de un capital social mínimo de 10 millones de euros.
Para que pudiera estar por encima de ese nivel la sociedad resultante de la fusión, el Gobierno de Canarias tuvo que aprobar una operación financiera y elevar su aportación total en la entidad resultante, lo que se consiguió con el desembolso de 1,6 millones en febrero de este año.
Con esta aportación de capital a la flamante Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, la Comunidad autónoma ya controla el 46% de las acciones y pone a cuatro consejeros.
Tras esta última operación financiera, que había sido confirmada por el Ejecutivo autonómico en diciembre pasado (con la tramitación de los Presupuestos Generales para 2015), se desatascó el proceso de integración societaria de las dos SGR, al cumplirse los requisitos esenciales, lo que propició que el nuevo proyecto fuera autorizado por el Ministerio de Economía y por el Banco de España.
Concluidos esos procesos administrativos, la SGR fusionada constituye su consejo de administración, con cuatro consejeros por provincia (dos empresarios, un representante de la patronal y otro del Cabildo), o sea, un subtotal de ocho, y otros cuatro propuestos por el Gobierno de Canarias (tres empresarios y una persona de confianza del consejero Javier González Ortiz: su jefe de Gabinete, Arturo Cabrera), lo que sumado llega a 12 miembros, con voto de calidad del presidente.
Ya formalmente constituido el consejo de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, se produce la votación para elegir al presidente de este órgano y sale por mayoría Juan García Padrón (persona propuesta por CEOE-Tenerife). Lo mismo ocurre con las figuras de vicepresidente (un empresario de Las Palmas de los consejeros propuestos por el Gobierno de Canarias), secretario y vicesecretario, que se eligen sin problema y en todos los casos con el sistema de voto secreto.
Y así transcurre la sesión hasta llegar a los cargos de director general y de director adjunto, que es donde se rompe la supuesta cordialidad, al resultar elegida por mayoría, con un voto de diferencia (seis frente a cinco, pues hubo una abstención), la persona que tenía ese mismo cargo en Sogarte (María Gracia Zamorano), en vez de la sugerida, querida y que ahora se desea imponer desde Las Palmas (pese a no contar con el apoyo mayoritario): el último director general de la desaparecida SGR de Las Palmas (Sogapyme); esto es, David Nin, y todo con el argumento, nada objetivo, según sostienen los contrarios, de "haber demostrado ser el mejor gestor".
Es justo en ese momento, por el resultado de esa elección particular, cuando el grupo de los citados cuatro consejeros de Las Palmas decide romper la baraja e iniciar la guerra abierta contra la mayoría del consejo (el llamado "control de Tenerife"), lo que sobre la marcha, porque así estaba ya preparado (aunque se simula con la petición de un receso para debatirlo en privado), se traduce en la presentación de un escrito con firma de esos cuatro consejeros en el que se plantea la intención de estos de renunciar a sus cargos, algo que a día de hoy aún no se ha consolidado.
Vista la narración de los hechos, queda muy claro que la pataleta de los representantes del Cabildo de Gran Canaria y de la patronal CCE, más los dos empresarios de Las Palmas con representación individual, pese a que uno, José Sánchez Tinoco, coincide que a su vez es presidente de la Cámara de Comercio en esa isla (el otro se llama Germán Blanco), responde en exclusiva al intento de imponer un determinado reparto de poder que no fue admitido tras las votaciones realizadas en el consejo.
Pese a que la parte "rebelde" no ha aceptado el designio de los votos, hay que decir que la persona que se halla en el centro de la diana, David Nin, sí ha admitido, tal y como han confirmado fuentes consultadas por este periódico, su nuevo cargo de director adjunto. Entonces, ¿a qué se juega?
Desde que fallara la elección de Nin como primer ejecutivo de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, las presiones, "mentiras" y "falsedades" no han dejado de estar presentes en la prensa en forma de argumentos de peso, como, por ejemplo, el supuesto "rating" del Banco Santander que da el número uno a Sogapyme (argumento para imponer a Nin, "mejor gestor" que Zamorano, con Sogarte en peor puesto en esa clasificación), algo que la entidad financiera citada ya ha desmentido de manera oficial y ha atribuido a un "error tipográfico", pese a las voces que dio hace poco el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, en la tele enarbolando tal equivocado criterio.
También está la supuesta petición tramitada ante el Banco de España para que interviniera en este problema, una iniciativa que se ha vuelto contra el bloque díscolo de Las Palmas al confirmar un alto funcionario de la institución con sede en Madrid que la nueva Sociedad de Garantías y Avales de Canarias cumple con todos los requisitos y que ellos no van a entrar en las riñas que se produzcan en el seno del consejo.
Apuntando a Arturo Cabrera
El objetivo que José Cristóbal García y Agustín Manrique de Lara se han planteado para mañana, lunes, es convencer al consejero de Economía canario, Javier González Ortiz, de que Arturo Cabrera (quizá el hombre de la abstención, aunque ya se sabe que el voto fue secreto) salga del consejo de administración de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias y que el Gobierno autonómico entonces ponga a otro, para así volver al equilibrio de seis contra seis (puede desempatar el presidente). Es lo que se puede pensar y lo que avanzan fuentes vinculadas al proceso, que además sostienen que los dos representantes de la patronal CCE en la reunión prevista en Tenerife para este lunes (en la que también estarán Juan García Padrón, presidente de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, y el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco) llegarán "buscando la cabeza de una nueva pieza" e igual se convierten en "cazadores cazados". Mañana seguro que no habrá "fumata blanca", pero sí un nuevo capítulo en esta disputa, sin argumentos sólidos, lanzada por el grupo de Las Palmas y que tanto se parece al peor de los culebrones.