El Tribunal Constitucional suspendió ayer la Ley Canaria del Derecho a la Vivienda al haber admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la misma, recurso basado en que la norma autonómica regula materias que forman parte de las competencias del Estado.

En su recurso contra la Ley de Vivienda de Canarias -aprobada en junio de 2014- y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el Ejecutivo central solicita su suspensión cautelar en tanto no se resuelve el fondo del asunto, según ha informado el Tribunal Constitucional.

Esto obliga al tribunal de garantías a suspender la norma por cinco meses en tanto no dicta su fallo, un periodo que podría prolongarse.

El desacuerdo entre los gobiernos central y autonómico se centra en que la norma canaria regula determinados aspectos del derecho a la propiedad de las viviendas y el ejecutivo de Mariano Rajoy considera que ese derecho es competencia del Estado, de modo que su ejercicio se realice en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

El Gobierno de Canarias manifestó durante la aprobación de la modificación de la ley que nacía "con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda". Sin embargo, la legislación nació prácticamente muerta por incorporar la figura de la expropiación forzosa de la vivienda a las entidades bancarias por un periodo máximo de tres años en el caso que ello conlleve la exclusión social de sus moradores.

Y es que por ese mismo motivo se encuentra suspendida desde hace casi dos años la ley andaluza de vivienda en el Tribunal Constitucional, puesto que considera que la norma entra en conflicto con el derecho a la propiedad privada.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) su portavoz en Canarias, Iván Llamazares, ya alertó el año pasado de que la consejera de Política Social, Inés Rojas, y todo su equipo sabían que la ley iba a quedar sin efecto "más pronto que tarde".

"Han querido vender a la opinión pública que se había creado una ley para proteger a los desahuciados, cuando no es así, por que si lo quisieran de verdad habrían incluido medidas para las personas que viven de alquiler y para recuperar las viviendas que no cumplieron con la Reserva de Inversiones Canarias o las que tiene el banco malo, pero nada se ha hecho", insistió el portavoz de los Afectados de la Hipoteca.