El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad la propuesta de reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) que deberá ser negociada con el Gobierno central, aunque el PP defendió que debería haber sido la próxima cámara y el próximo ejecutivo regional los que definan la posición canaria.

"No entendemos que en el pitido final de la legislatura se quiera impulsar deprisa y corriendo una negociación tan importante" que o bien tendría que estar ya negociada en esta legislatura o bien deberá dejarse para el próximo Parlamento, dijo el representante del PP, Jorge Rodríguez, aunque finalmente su partido acordó con el resto las resoluciones a favor.

La resolución del Parlamento supone un respaldo a la propuesta del ejecutivo, previamente acordada con empresarios, sindicatos y universidades.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, insistió en que una vez acordada la parte fiscal del REF es necesario cerrar los aspectos económicos, que son los que compensan el sobrecoste por la lejanía y la insularidad de Canarias y los que permitirán inversiones en infraestructuras y formación que desarrollen el empleo y el tejido productivo.

Las empresas, los ciudadanos y las administraciones canarias necesitan estar en igualdad de condiciones y para eso es necesario que el REF se cumpla en todos sus términos y sin depender de mayorías políticas, dijo González Ortiz.

Detalló que en esta propuesta se incluyen las compensaciones a los sobrecostes en transporte, energía y depuración de aguas, y se añaden otros nuevos como la doble insularidad y el tratamiento de residuos.

Para González Ortiz, es fundamental mantener el consenso hasta ahora alcanzado para que la negociación con el Gobierno central llegue a buen fin.

Sin embargo, Jorge Rodríguez, del PP, aunque consideró que es hora de actualizar el REF económico, consideró que el Gobierno de Canarias no puede pretender alcanzar un consenso en una mañana, en el último pleno de la legislatura, cuando es el próximo ejecutivo autonómico, el que se forme después del 24 de mayo, el que tendrá que negociar el acuerdo.

"Las medidas económicas no pueden limitarse a reclamar más fondos al Estado sin definir previamente el modelo económico que se quiere para Canarias", dijo Rodríguez, para quien el mayor obstáculo a la inversión en las islas es la política intervencionista del pacto CC-PSOE.

"No queremos una negociación deprisa y corriendo en un escenario de conflicto electoral" como a su juicio busca el Gobierno de Canarias de cara a las elecciones, e insistió en que la oposición del PP no es "frontal", sino que defiende que este asunto no forme parte de la agenda electoral.

Román Rodríguez, de Nueva Canarias, apoyó el contenido de la propuesta del Gobierno y dijo que el consenso en Canarias es importante, pero lo determinante para que el Estado respete el REF es "acumular fuerzas suficientes" desde el punto de vista político.

Dijo al respecto que el REF económico vigente no se cumple y auguró que el próximo tampoco será cumplido "ni por el PP, ni por el PSOE, ni por Podemos ni por Ciudadanos" a no ser que se consiga "un pueblo unido y organizado" que lo haga cumplir.

Manuel Marcos Pérez, del PSOE, consideró positiva la propuesta del Gobierno, pero subrayó que no hay instrumentos que garanticen que aunque se apruebe se vaya a cumplir, y por eso defendió incorporar "un blindaje del REF" en el Estatuto de Autonomía para que se aplique de forma efectiva.

José Miguel González, de CC, señaló que el REF está respaldado por el derecho español y comunitario y necesariamente tendrá que ser reforzado por el acuerdo de todas las fuerzas políticas, que deben defenderlo frente a modificaciones o incumplimientos por el Estado.

"El principio de que nuestras mercancías estén en Cádiz a coste cero es una obligación del Estado, no un privilegio", afirmó.