El atasco en la gestión de la prestación canaria de inserción (PCI) no solo tiene que ver con la falta de fondos sino que también adolece de una "sangrante" falta de personal en el Gobierno de Canarias, según denuncia el comité de empresa de la Consejería de Políticas Sociales, que detalla que solo hay tres trabajadores para resolver las cerca de 3.500 solicitudes que se presentan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife al año.

En concreto, la plantilla encargada de resolver los expedientes de PCI en la Dirección General de Políticas Sociales la conforman actualmente dos trabajadores sociales y un auxiliar administrativo.

"Cada trabajador maneja 30 expedientes al día, a los que hay que sumar 200 revisiones al mes y 30 renovaciones", detalla el secretario del comité de la Consejería, Miguel Ángel Vargas, que no duda en insistir en que "el trabajo sale adelante porque la plantilla está muy involucrada, pero el personal está muy quemado porque asume un volumen de trabajo muy elevado".

Estos tres profesionales son los encargados de revisar los expedientes que les envían los trabajadores sociales de los ayuntamientos y determinar si están completos y el solicitante cumple los requisitos o si le falta documentación.

"¿Para qué resolver más solicitudes y más rápido si tampoco hay fondos para pagar los expedientes favorables?", se cuestiona el portavoz de los trabajadores, que asegura que las carencias de personal "son sobre todo administrativas" y considera que para que el servicio funcionara de forma óptima sería necesario contar con al menos un trabajador social más y no menos de tres administrativos.

Y es que aunque la ley prohíbe la contratación de personal laboral, según Vargas la solución para la PCI es que se ponga en marcha una gran reorganización de todas las áreas porque hay consejerías que tienen servicios sobredimensionados y otras en las que es muy deficitario.

"Para la Agencia Tributaria canaria ya lo han hecho, a través de un procedimiento excepcional, que fue mandar un correo a todos los empleados públicos informándoles de que aquellos que quisieran trabajar en la Agencia que se apuntaran, especificando los profesionales que se demandaban. Se apuntaron muchos y se creó la Agencia Tributaria y después la relación de puestos de trabajo, y una vez que se supieron los funcionarios y personal laboral de cada consejería que se quisieron ir, lo que se hizo es que esa plaza se quitó de su origen y se trasladó a la Agencia. El coste de esto solo fue la organización. Se podría hacer lo mismo en Política Social, pero a nosotros nunca nos han hecho caso y ya estamos en el punto de que casi a lo único que aspiramos es a que, al menos, se cubran las bajas que se producen", explica el portavoz.

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Presupuesto realista

Los trabajadores sociales de Canarias reclaman un presupuesto "realista" para la prestación canaria de inserción (PCI), ya que la partida asignada en los presupuestos autonómicos para 2015 se agotó en marzo y la ampliación prevista de cuatro millones de euros se acabará en mayo. Los dos colegios provinciales de estos profesionales, en un comunicado, subrayan que las familias no solo soportan un retraso "inexplicable" a la hora de que los ingresos se hagan efectivos.