Los ejes principales del acuerdo de gobierno que firmaron Coalición Canaria y el Partido Socialista en 2011 en materia social apenas se han cumplido. Así se desprende analizando el pacto por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias, donde se establece la lucha contra la pobreza y la consecución de la igualdad de oportunidades, fundamentalmente a través del empleo, como prioridad del periodo 2011-2015.

Así, el texto recoge literalmente que “el objetivo primario en materia de pobreza es la obtención un empleo estable, las políticas sociales en este ámbito se plantearán con el fin de romper la espiral de cronicidad que pueda producirse a través de las rentas mínimas de inserción”, refiriéndose a la aplicación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI) y también de la Ley de Dependencia como los instrumentos más propicios para que “las personas más vulnerables y más sensibles a los efectos de la crisis económica se sientan arropados por la actuación de las administraciones públicas en la defensa de sus derechos.

La realidad es que durante la totalidad de la legislatura que ya termina los fondos para la PCI se han agotado año tras año a mitad del periodo, o incluso antes, dejando a centenares de personas con derecho a esta ayuda sin ella durante meses, al tiempo que Canarias ha ocupado el último lugar en la implantación y número de beneficiarios de la dependencia.

Sin embargo, CC y PSOE se comprometieron en 2011 a que durante su acción de gobierno se promovería “la implantación más ágil de la Ley de Dependencia en Canarias resolviendo los obstáculos que puedan permitir la resolución de los expedientes en el plazo de seis meses”. Además, de la implantación de la red de centros de día especializados en prevención, atención y rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas, alzhéimer y demencias seniles, posibilitando la creación de nuevas plazas.

Igualmente en 2011 se acordó la mejora de los servicios de atención domiciliaria, alimentación en casa, acompañamiento a gestiones y servicios de salud, a través de empresas de inserción y economía social, aspectos en los que prácticamente no se avanzó.

Respecto a las políticas especializadas en mayores, se contempló el envejecimiento activo como el “punto de partida de la atención en el área de mayores, fomentando la actividad intelectual, desarrollo del ocio y del tiempo libre, prevención de la salud y mecanismos de integración real en la sociedad”. Sin embargo, continua sin haber una política autonómica clara sobre la atención sociosanitaria y los expertos coinciden que Canarias no está preparada para dar respuesta social al envejecimiento de su población.