El viceconsejero regional de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, aseguró a finales de marzo que el decreto que regulará el alquiler vacacional en el Archipiélago saldría en la primera semana de este mes -o a más tardar, en la segunda-. Tal y como adelantó este periódico, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno ayer a la propuesta, que ahora irá al Consejo Consultivo por la vía de urgencia -lo que acorta a la mitad el plazo para obtener el dictamen necesario para completar la tramitación- de forma que pueda aprobarlo, de forma definitiva, antes del término de la legislatura.
Como se recordará, el propio presidente regional, Paulino Rivero, prometió a los líderes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) que dejaría esta norma aprobada antes de dejar el poder, pero tras presentar el pasado mes de diciembre el borrador inicial del decreto, los afectados llegaron a poner en duda que el Ejecutivo pudiera sacar la regulación a tiempo.
El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, defendió ayer que la tardanza se debió a la dificultad de conciliar las pretensiones de "dos bloques contrapuestos", en alusión a los propietarios de este tipo de inmuebles, por una parte, y a los hoteleros, por la otra. "No ha sido fácil", insistió.
El Gobierno "es consciente" de la que la norma "no podrá contentar" a todos, por lo que intentó "equilibrar" los intereses de unos y otros en unas negociaciones "difíciles" que se prolongaron hasta el último minuto.
Marrero descartó, en todo caso, que la demora en su toma en consideración por el Consejo de Gobierno cuando falta menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales haya obedecido a un último intento de modificar el texto.
Lo positivo de todo esto, aseguró el portavoz oficial, "es que por fin está regulado" al tiempo que remarcó que el Ejecutivo canario "nunca" tuvo la intención de dejar este asunto para el que resulte de los próximos comicios. "De ahí que pida el dictamen del Consultivo por la vía de urgencia", explicó.
En este sentido, explicó que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, explicó al resto del Consejo de Gobierno que si la aprobación del decreto no fuera posible antes del 24 de mayo -día previsto para la celebración de los comicios locales-, aún podría sacar la norma después de esa fecha -en el periodo en el que estaría en funciones-, por lo que Marrero indicó que la aprobación de la regulación en esta legislatura "está asegurada".
Aunque el texto final incluye importantes reivindicaciones que en su momento propuso la Ascav contra el criterio del Ejecutivo autonómico -como la autorización previa por parte de la comunidad de propietarios en el caso de los inmuebles sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal-, la figura del "bed and breakfast" quedó descartada de manera definitiva, por lo que esta modalidad del alquiler vacacional no contará con el amparo legal.
El motivo para rechazar su inclusión en el decreto, explicó Marrero, es que la norma solo regulará el alquiler de viviendas completas por periodos de hasta seis meses, pero no el de habitaciones -una postura que la patronal turística tinerfeña (Ashotel) sostuvo a lo largo de las negociaciones-. De esta manera, al ser el "bed and breakfast" una variante del alquiler de habitaciones "no puede entrar en el decreto".