La primera decisión que adoptaría Sí Se Puede si obtiene la mayoría para gobernar en la capital tinerfeña será iniciar la recuperación del servicio público de agua de Emmasa, que ahora realiza la multinacional Sacyr Vallehermoso.
Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa el cabeza de lista de Sí Se Puede al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, quien indicó que con la recuperación del servicio de agua la corporación municipal ahorraría en torno a 4,4 millones de euros al año.
El ahorro de esos 4,4 millones de euros se destinaría en parte a colaboraciones con las universidades para investigar, así como a incorporar técnicos, indicó Pedro Fernández Arcila.
Sí Se Puede apuesta por recuperar servicios que realizan empresas privadas que no dan mejor servicios y sin embargo lo encarecen, señaló Pedro Fernández Arcila, quien durante el actual mandato ha sido concejal en la oposición.
Otras decisiones que adoptará Sí Se Puede de gobernar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife serán crear una empresa municipal de cementerios para recuperar este servicio que prestan empresas privadas, y recuperar la gestión de los residuos sólidos.
También quiere Sí Se Puede que sea público el mantenimiento de los espacios verdes y jardines de la ciudad, en los que, afirmó Pedro Fernández Arcila, hay derroche tanto de agua como de energía.
Los beneficios que se obtengan de recuperar esos servicios para la gestión pública se invertirán en la ciudad y no en empresas multinacionales, agregó.
La número dos de la lista de Sí Se Puede al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Asunción Frías, dijo que se trata de redistribuir la riqueza, y añadió que, de gobernar, éste partido reduciría de trece a siete el número de concejales.
De los siete concejales que habría con Sí Se Puede dos trabajarían a media jornada y los otros cinco en ningún caso cobrarían más que un funcionario del tipo A, con lo que, según Asunción Frías, se ahorrarían unos 600.000 euros al año.
Además, Sí Se Puede afirma que ahorraría en torno a 1,2 millones de euros al año al eliminar los cargos de confianza, y habría concejales de distrito que no cobrarían.