Más de tres meses llevan los trabajadores del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) molestos con la consejera del área, Inés Rojas, y a la espera de ser recibidos por ella para aclarar las manifestaciones que realizó desde la tribuna del Parlamento de Canarias en las que pidió disculpas a los solicitantes de las ayudas para la compra de vivienda usada (que llevan cinco años en espera) por "no haber sido informados adecuadamente" por su departamento.
"Queremos desmentir a la consejera, que rectifique y que quede claro que en todo momento los trabajadores han ofrecido la información que los jefes de sección les han dado y, si ha habido cambios, ha sido porque políticamente se ha decidido así", detalla el presidente del comité de empresa, David García, que asegura que los trabajadores acogieron esas declaraciones "con dolor y rabia", hasta el punto de que hicieron un escrito de queja pidiendo amparo porque se estaba poniendo en duda su profesionalidad.
El representante de los funcionarios insiste en que "la consejera se tiene que disculpar con los trabajadores porque ha hecho mucho daño, sobre todo porque se dejan la piel cada día en su puesto de trabajo y la información que ellos ofrecen a los usuarios es las que les hacen llegar sus superiores inmediatos", explica antes de añadir que "el problema es que la consejera habla en los medios de comunicación, o donde sea, y cambia de opinión, dice lo que le parece, y a los trabajadores no se les informa de esas intenciones o modificaciones. Luego llegan los usuarios a preguntar y se encuentran con que lo que dijo no es exactamente así y vienen más problemas".
La situación es tan tensa en el Icavi, que García afirma que "hay personas externas al servicio que han manejado más información que los propios trabajadores, porque se han reunido con algún político, y nos han informado a nosotros de lo que va a suceder".
El representante de los trabajadores aclara: "Si esto sale ahora en prensa es porque hemos esperado mucho tiempo para que se nos diera una explicación que no ha llegado y queremos que los ciudadanos sepan que nosotros no nos manejamos solos, que cumplimos las pautas que nos dan, así que no nos pueden hacer responsables de los perjuicios que se le crea a la ciudadanía ni ponernos la cara colorada de esta manera".
A si juicio, para que este tipo de cosas no sucedan y los ciudadanos tengan mayor seguridad, el Icavi "debería sacar unas bases más claras" y, para ello, deberían confeccionarse teniendo en cuenta la opinión de los técnicos.
"La realidad es que los trabajadores no sabemos muchas veces qué decirles a los usuarios porque, por ejemplo, a los solicitantes de ayuda para la compra de vivienda usada que quedaron suspendidas en 2010 nosotros solo les podíamos decir que estaba todo parado y eso que, cuando se publicaron las bases, ponía claramente que estaban sujetas a la disponibilidad presupuestaria, así que realmente lo que teníamos que haber hecho es denegarlas, pero la decisión política nos lo impidió y así se generó un vacío legal", detalla el presidente del comité de empresa.
Y es que García insiste que en que los trabajadores les ha comunicado en innumerables ocasiones a los jefes del Icavi que lo correcto era denegar las ayudas y empezar desde cero, dándolo prioridad a los que ya la habían presentado con anterioridad, pero, según insiste el presidente del comité de empresa, "a ellos no les interesaba porque sería crearse un problema con cientos de personas".
También están "dolidos" con Saavedra
A los trabajadores del Instituto Canario de la Vivienda (Incavi) también les han "dolido" las declaraciones realizadas en sede parlamentaria por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, en las que aseguraba que muchos procedimientos administrativos eran incorrectos debido a la escasa cualificación y preparación profesional de los funcionarios que resuelven los expedientes.
"Las declaraciones del Diputado del Común nos han dolido, porque lo que no dice es que las resoluciones las tienen que hacer los jefes de sección, que son los licenciados en derecho, y no los auxiliares administrativos al que le piden el graduado escolar para hacerse con la plaza. A ellos les llega un modelo hecho por los jefes de sección que en muchos casos se limitan a rellenar con los datos del solicitante", detalla el presidente del comité de empresa, David García que considera "injusto que se ataque así al personal".