De las cerca de 2.000 personas que se quedaron sin la ayuda que solicitaron para la compra de una vivienda usada dentro del Plan Canario de Vivienda 2009-2012 por falta de disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Canarias, solo un centenar (como mucho) podrán cobrarla este año, puesto que la Consejería de Vivienda solo prevé destinar a esta partida 350.000 euros de los cinco millones con los cuenta este año para liquidar programas inconclusos.
Así se lo ha comunicado la propia consejera del área, Inés Rojas, a la plataforma de afectados por la suspensión de esta ayuda, después de que en febrero se aprobara una Proposición No de Ley en la que todos los partidos aprobaran "abonar las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de la líneas de actuación inconclusas del Plan de Vivienda por falta de disponibilidad presupuestaria".
"El objetivo de la reunión era darnos a conocer el borrador de la orden por la que se aprueban las bases de la ayuda para la vivienda usada que quedaron pendientes", detalló ayer la portavoz de los afectados, Idaira Herrera, que insistió en que "se trata de una ayuda regional que solicitaron 1.969 personas antes de que quedara en suspenso, por lo que si se hace un sencillo cálculo y, teniendo en cuenta que las ayudas van de los 1.800 a los 6.000 euros, sale que difícilmente podrán recibir la subvención cien personas".
Herrera recordó que, en anteriores reuniones, Rojas les había anunciado que se destinarían 500.000 euros a esta ayuda.
La plataforma de afectados le ha pedido al Gobierno que no haga una única convocatoria sino varias, al igual que ha hecho con la hipoteca joven, "porque hay casi 2.000 personas a las que nunca se les dio una respuesta y que probablemente tenían derecho a esa ayuda y ahora se pretende liquidar todo con fondos que quizás no llegan ni para a 80 personas".
Además, los afectados incluso dudan de que finalmente la orden se publique antes de que se produzca el cambio de gobierno.
"Nosotros en todo momento hemos pedido, casi suplicado, que salga la orden antes de que la consejera termina su mandato. Ahora nos dicen que muy probablemente no haya tiempo porque los plazos administrativos no lo permiten, pero no nos vale porque ellos se comprometieron a tener el borrador el 20 de abril y no lo han tenido hasta el 15 de mayo. Si no sale la orden en esta legislatura no hay ninguna garantía de que siga adelante porque todo dependerá de lo que quiera el gobierno que entre", sentencia Herrera.