Al menos cien aspirantes a una de las 225 plazas en enfermería que ha sacado a concurso el Hospital Universitario de Canarias (HUC) han presentado ya una reclamación "por la redacción ambigua e incomprensible de numerosas preguntas y respuestas" que componían el examen que se celebró el pasado 9 de mayo. Así lo confirmó ayer el delegado del sindicato de enfermería Satse en el citado centro hospitalario, José Ramón Plasencia, que detalló que aunque su sindicato solo ha tramitado entre 40 y 50 reclamaciones, le consta que entre las que se han presentado a título individual y a través de otros sindicatos "llegan, como mínimo, al centenar".

"Tenemos constancia de que muchas preguntas estaban mal formuladas y tenían dos preguntas correctas, o todas eran correctas, o incluso ninguna era correcta sin que se pudieran marcar esas opciones. Por todo ello presentamos el día 11 un escrito de queja ante el gerente del HUC y presidente del tribunal en el que le solicitábamos que publicara el cuadernillo de preguntas y respuestas para calmar los ánimos de los enfermeros porque no se acordaban de memoria exactamente de cuáles eran las preguntas y respuestas y, por lo tanto, no podían presentar una reclamación correcta", detallaba ayer José Ramón Plasencia.

Sin embargo, dicho planillo aún no se ha presentado y el periodo de reclamaciones se agota y, aunque muchos ya han puesto su recurso, otros muchos aspirantes no saben exactamente qué impugnar, puesto que la prueba constaba de cien preguntas y cuatrocientas respuestas.

"Le hemos vuelto a pedir al gerente de nuevo que publique el cuadernillo, pero viendo que no hay demasiada voluntad por su parte, también le hemos solicitado a la directora Recursos Humanos, a la directora del Servicio Canario de Salud y a la propia consejera de Sanidad que tomen cartas en el asunto porque el colapso que se puede crear más adelante puede ser importantísimo, además de que como se impugnen o anulen el 30% de las preguntas o más el proceso quedará anulado de pleno derecho".

Y es que el delegado del Satse en el HUC considera que si no se resuelven ahora con las máximas garantías las reclamaciones (y para eso hace falta que los reclamantes cuenten con el planillo), "muy probablemente esta OPE terminará con decenas de recursos judiciales y un nuevo retraso para esta oferta que tenía que haber salido en 2007".

En cualquier caso Plasencia vaticina "un gran colapso", puesto que "casi todos los que han recurrido luego querrán que les muestren su examen para comprobar aciertos y errores y eso va a generar una enorme cola".

7 Islas pide paralizar la OPE "por ser ilegal"

La Asamblea 7 Islas, que varias veces ha movilizado a la sanidad pública canaria, reclamó ayer al Gobierno canario paralizar una Oferta Pública de Empleo (OPE) en el Servicio Canario de Salud (SCS) que tacha de "ilegal" y "discriminadora" y que anuncia recurrirá por vía judicial en caso contrario.

Dicha oferta "contempla solo plazas para médicos, dejando a miles de trabajadores de otras categorías sin opciones", asegura en un comunicado donde, además, acusa a los sindicatos del sector de ser "cómplices" de la iniciativa del Ejecutivo, al que acusa de "utilizar artimañas rastreras" en su proceder, ya que, según argumenta, para posibilitar las contrataciones de facultativos previstas se ha optado por "suplantar jubilaciones de otras categorías" del Servicio Canario de Salud cuyas posibilidades de consolidar sus puestos de trabajo quedarían recortadas a consecuencia de dicha medida.

"Que se olviden de miles de trabajadores y les roben sus plazas (jubilaciones) es impresentable", sentencian a ese respecto desde 7 Islas, destacando que lo que denuncian se ha llevado a cabo con el beneplácito de los sindicatos del sector, que, "sin ningún escrúpulo, dejan tirados a miles de trabajadores para beneficiar a unos pocos", según aseguran.

Por todo lo expuesto, esa organización anuncia que ha dirigido un escrito al presidente autonómico, Paulino Rivero, reclamando la paralización de la iniciativa, al tiempo que ha presentado un recurso de reposición contra ella ante la Consejería de Presidencia, según explica, por ser esta la promotora del decreto por el que se convocó la referida oferta pública de empleo.

Y añade: "Este es el último trámite administrativo para acudir a la justicia. Esperemos que no haga falta".