Las 71 familias que forman La Esperanza, la considerada como la mayor comunidad okupa de España (250 personas, 149 de ellas menores), pidieron ayer a las autoridades que les den una oportunidad de regularizar su situación, convirtiendo sus casas en pisos públicos de alquiler social.
Esta comunidad de vecinos de Guía celebró hace unos meses el segundo aniversario del nacimiento de La Esperanza, una iniciativa social espontánea que ha dado vida a cuatro bloques de viviendas que se quedaron varados en medio de la crisis.
Sus portavoces no recelan del apellido "okupa", pero subrayan constantemente que su ocupación "no fue ilegal", sino que ellos accedieron a los edificios porque su empresa propietaria, Piornedo, les permitió hacerlo, acuciada no solo por los litigios que mantenía con la entidad bancaria que financiaba su construcción, sino también por el continuo saqueo que estaban sufriendo las viviendas.
"Y sigue sin ser ilegal", apunta su portavoz, Ruymán Rodríguez, que alega que la propiedad del edificio sigue todavía en litigio, aunque esté embargado e inscrito en el registro a nombre de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, entidad más conocida como el "banco malo". Sin embargo, no ocultan que tienen miedo a que los echen de esas viviendas, a tener que revivir el trauma del desahucio por el que ya han pasado la mayoría de los habitantes de La Esperanza.