La Ley Canaria de Vivienda -que entró en vigor en junio de 2014 y que está suspendida desde el pasado 15 de abril por orden del Tribunal Constitucional- está a un paso de ser anulada, al menos parcialmente, a juzgar por la decisión tomada ayer por el Alto Tribunal de declarar inconstitucional la misma norma en Andalucía.
Ambos textos, el ideado por el Gobierno andaluz y el creado por el Gobierno canario, son prácticamente un calco y fueron denunciados en su momento por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy por considerar que existía una invasión de competencias estatales al estimar que se restringía el derecho a la propiedad.
En concreto, ambas legislaciones incorporan la figura de la expropiación forzosa de la vivienda a entidades bancarias por un periodo máximo de tres años en el caso de que ello conlleve la exclusión social de sus moradores.
Ayer el Constitucional se pronunció sobre el texto andaluz anulando toda la parte dedicada a evitar los desahucios y considerando que "no basta asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda si con ello se invaden competencias impropias".
Aunque el Tribunal acepta las razones de urgencia esgrimidas por el Gobierno andaluz (y que también constan en la legislación canaria), anula varios preceptos porque "restringen el derecho a la propiedad, un ámbito que solo puede verse afectado por normas con rango de ley".
Igualmente establece que "el Estado ha adoptado medidas que determinan de un modo homogéneo y para todo el país los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores".
Canarias justificó la inclusión de esta medida en la ley "con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda", pero desde el Gobierno central se consideró que había una intromisión en sus competencias por parte del Ejecutivo autonómico y presentó un recurso de constitucionalidad que fue aceptado por el Alto Tribunal y que, como primera media, ha significado la suspensión de la aplicación de la norma desde abril.
Rojas: "Es inconcebible"
La consejera de Vivienda, Inés Rojas, es la mayor defensora de la normativa canaria y considera "inconcebible que el Gobierno central no tenga en cuenta la situación de las familias más desfavorecidas". Rojas ya calificó como "jarro de agua fría" la decisión del Constitucional de suspender la ley, que le obligó a paralizar la creación de un registro de viviendas vacías para luego dedicarlas a alquiler social. Rojas recordó que la modificación de la ley autonómica tenía como objetivo adaptar la norma "a una nueva situación excepcional" para atender a familias en situación "de emergencia social" y que pudieran llegar a un acuerdo con las entidades bancarias.