La juez del caso Unión considera que existen indicios de que el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, dirigía desde la cárcel una trama para desviar en beneficio propio y de su partido dinero del Ayuntamiento de Arrecife, exigiendo comisiones de hasta el 20 %.
El Juzgado número 5 de Arrecife dictó ayer el auto por el que da por concluida la instrucción de la pieza principal del caso Unión, uno de los mayores procesos por corrupción abiertos en la última década en Canarias, en la que se investiga todo un entramado de sobornos y desvíos de dinero público en favor del Partido de Independientes por Lanzarote (PIL), fundado por Dimas Martín.
La instructora ve pruebas suficientes para juzgar a Martín por asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental, por haber montado, mientras cumplía condena por delitos de corrupción, una "trama clientelar" que permitió al PIL "nutrirse" de comisiones y sobornos desde 2007 a 2009, gracias a sus cargos en el ayuntamiento.