Es difícil aceptar sin más que hay una recuperación en marcha en el Archipiélago cuando numerosos indicadores registran importantes deterioros que afectan a la mayoría de la población. Ese discurso homogéneo que habla de la crisis como una situación del pasado ya superada -y que se ha vuelto casi oficial entre administraciones, partidos y organizaciones empresariales en un año marcado por diversas convocatorias electorales- se estrella contra las cifras de precariedad laboral, distribución de la riqueza, nivel salarial o condiciones de vida. Que el Producto Interior Bruto (PIB) regional -el valor de la producción de los bienes y servicios originados en Canarias- muestre incrementos o que aumenten las exportaciones son hechos incontestables. En todo caso, y al igual que ocurre con los datos del comercio o la construcción, es lógico que cualquier pequeño respiro suponga una gran mejora en términos proporcionales debido al enorme deterioro que han sufrido, en especial, durante los primeros años de la crisis. Menos claro está que el PIB o las exportaciones sean la mejor forma de concluir que se está produciendo un repunte general de la economía. En todo caso, cabe preguntarse a quién alcanza la mejora entendida en esos términos, y más porque Canarias ya partía de peores datos que el resto del país.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la semana pasada dos datos que, combinados, plantean dudas sobre el repunte en el Archipiélago. Tras siete años de crisis, el sueldo medio canario se mantiene hoy -como antes de su inicio- entre los más bajos del país, si bien en términos comparativos va a peor. En el primer trimestre de 2007 era el cuarto peor, pero en el primero de este año es el segundo más bajo, lo que significa que tiende a alejarse de la media nacional. Aunque aumentó en 128 euros entre esos dos periodos -pasó de 1.440 euros a 1.568 euros por persona al mes, lo que supone un crecimiento del 8,9%-, la inflación acumulada en el Archipiélago entre marzo de 2007 y marzo de 2015 fue del 13,6%, superior a la aparente subida salarial, por lo que, en verdad, el salario medio canario es más bajo ahora que antes.

Además, hay que advertir que la tendencia aparentemente alcista de los sueldos isleños se debe, en parte, a que el brutal repunte del paro entre el primer trimestre de 2008 -cuando había 147.200 desempleados, según la EPA- y el mismo periodo de 2015 -con 343.500 personas- se cebó con los puestos de trabajo de peor calidad -los precarios, los más baratos-, por lo que la estadística tiende a reforzar los de mayor calidad y más cuantía económica.

El otro parámetro que enciende las alarmas es el gasto medio por persona analizado en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2014 -último disponible-. En 2007, el canario promedio gastó 10.394,25 euros -el cuarto menor del país, un 10,9% inferior a la media nacional, de 11.673,44-. El año pasado se contrajo hasta los 8.906 -el más bajo, un 17,2% inferior a la media nacional, de 10.759-, si bien es más alto que el de 2013, cuando alcanzó los 8.465 euros, lo que supone una mejora interanual del 5,2%.

El mayor distanciamiento del gasto medio canario por persona con la media nacional y que aún esté tan alejado del que había antes de la crisis no sugiere precisamente una mejoría de la situación para la mayoría de la población.

Es verdad, como recordó la pasada semana el Ministerio de Economía y Competitividad, que en el ámbito nacional las exportaciones crecieron un 4,9% en los cuatro primeros meses de 2015 -lo que beneficia, en general, a grandes empresas- y que Funcas subió la estimación de crecimiento del país para este año hasta el 3,3% -la más alta desde 2007-. También lo es, como anunció el miércoles pasado Capgemini y RBC Wealth Management en su informe correspondiente a 2014 sobre la riqueza en el mundo, que desde 2008 la cifra de los españoles con elevado patrimonio -los que tienen activos de inversión a partir de un millón de dólares sin contar la vivienda y otros bienes- aumentaron un 40% -50.900 personas más-, hasta sumar 178.000 en total.

Pero esos datos esconden que la mayor parte de la población vive ahora peor que antes y que, como apunta el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL) José Saturnino Martínez, ese deterioro está cada vez más arraigado. Aclara que la desigualdad, más que afectar a la clase media, a quien perjudica en primer lugar es a los pobres. "Los datos hasta 2013 apuntan que, en Canarias como en España, la gente que está más abajo es la que más ha empeorado", remarca. Así, el segmento del 10% más pobre de la población es el más "desfondado" con la crisis.

El especialista critica que la manera en que el Gobierno nacional define la recuperación se limita a la evolución de la macroeconomía en relación a cinco años atrás, lo que justifica en que su mejora acarreará, a la vez, la del empleo y así se supone que se saldrá de la crisis. "Pero esto plantea que el país al que vamos no es el mismo del que venimos" porque la desigualdad y la precariedad introducidas en las medidas para afrontar la crisis a través de las reformas laborales o los recortes al estado de bienestar llevan a que, pese a la recuperación de las principales magnitudes económicas en que se apoya el Ejecutivo central, las condiciones de vida de la población "no volverán a ser las mismas que había antes".

Esto es así, entre otras cosas, porque habrá más empleo -precario, eso sí-, salarios aún más bajos y contratos fijos "precarizados" -porque incluso estos son ahora más vulnerables-. En definitiva, la macroeconomía estará "más saneada", pero al ciudadano común le va a costar más llegar a fin de mes a partir de ahora, insiste Martínez.

"Convive" así la recuperación macroeconómica con el empeoramiento de las condiciones de vida de la población en general. "No son realidades incompatibles", alerta. "Vamos a una situación en la que trabajar no es una forma de salir de la pobreza, sino de permanecer en ella", algo que parece haber llegado para quedarse, tal y como también ocurre ya en Alemania o el Reino Unido.