Un Juzgado de lo Penal ha condenado a nueve años de inhabilitación al histórico alcalde de La Oliva (Fuerteventura), Domingo González Arroyo, en una sentencia que llega dos semanas después de que recuperara la presidencia de la Corporación tras un paréntesis de tres legislaturas.
El juzgado que refuerza desde Puerto del Rosario al Penal número 2 de Arrecife (Lanzarote) considera probado que González Arroyo, del Partido Progresista Majorero (PPM), cometió un delito de prevaricación al tolerar durante su anterior período como alcalde el funcionamiento de una cantera que carecía de permisos y que ha dañado "el paisaje protegido de la isla de Fuerteventura".
La cantera era explotada por Prelao SA, una empresa de la que durante años fue presidente y copropietario el propio González Arroyo, en unos terrenos conocidos como Lomo del Pájaro.
La sentencia asegura que González Arroyo no solo toleró que esa cantera siguiera funcionando durante sus años como alcalde, a pesar de las denuncias presentadas por colectivos ecologistas, sino que además "aprovechó" su cago para que suministrara material de construcción al Ayuntamiento sin ningún tipo de contrato.
El juez también declara acreditado que en 2001 el entonces alcalde de La Oliva intentó favorecer a la empresa propietaria de la cantera con un cambio del planeamiento urbanístico del municipio, dirigido a que esos terrenos dejasen de ser rústicos de protección agropecuaria y pasaran a ser suelos aptas para extraer áridos.
El Juzgado dictamina que González Arroyo siguió adelante con ese intento a pesar de que la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias había emitido un informe desfavorable a la cantera y de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de la comunidad autónoma había ordenado la suspensión de todos sus trabajos en Lomo del Pájaro.
La sentencia deja constancia de que, durante el juicio, González Arroyo intentó desvincularse por completo de la cantera y de la empresa que la explotaba e, incluso, aseguró que no tenía conocimiento de las excavaciones que realizaba en esa zona de La Oliva.
"Nada más lejos de la realidad", responde el juez Santiago Romero Buck Arstad, que considera suficientemente probado que el procesado "conocía la existencia de la cantera".
"Prelao actuó con absoluta impunidad, desarrollando una actividad sin licencia con pleno conocimiento por parte de la Corporación municipal. El hecho de que el alcalde no exigiese la licencia ni iniciase expediente contra la mercantil hasta que no fue requerido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Urbano es constitutivo de un delito de prevaricación por omisión", añade.
El juez subraya, además, que durante el mandato de González Arroyo se "prescindió de todo procedimiento razonable para la recalificación del suelo (de Lomo del Pájaro) para favorecer a esa empresa".
"Y, cuando saltaron las alarmas, gracias a las denuncias de los grupos ecologistas, se archivaron sendos expedientes sancionadores que el Ayuntamiento tenía que tramitar contra la mercantil Prelao, prescindiendo de las normas reguladoras del procedimiento sancionador o alterando la realidad de los hechos", añade.
González Arroyo ha anunciado a Efe que apelará la sentencia ante la Audiencia de Las Palmas y que no piensa dimitir, porque se considera inocente de los hechos que se le atribuyen.