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TRIBUNALES

La Justicia comienza a pasar factura por los casos de corrupción en Lanzarote

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
30/jun/15 14:56 PM
eldia.es
Dimas Martín./JESÚS PORTEROS

Las Palmas de Gran Canaria, EFE Las operaciones contra la corrupción en Lanzarote que hace ocho años llenaron espacios en periódicos y cadenas de radio y televisión de toda España comienzan ahora a pasar factura en los tribunales, con algunas condenas ya dictadas y graves solicitudes de condena por parte de la Fiscalía.

Casos como el "Unión" -que toma su nombre de la cafetería donde se reunían gran parte de los implicados-, "Jable" o "Yate" destaparon numerosas tramas presuntamente dirigidas a torcer la adjudicación de obras públicas o el planeamiento urbanístico de la isla a base de sobornos y comisiones y llevaron a comisaría a más de un centenar personas, entre políticos, empresarios y funcionarios.

En la mayoría de procedimientos, aparece como figura destacada el expresidente del Cabildo y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, un político con cuatro condenas anteriores por cohecho, malversación, fraude, prevaricación y delitos urbanísticos al que ni siquiera su ingreso en prisión impidió seguir dirigiendo los manejos de sus colaboradores.

Así al menos lo asegura la Fiscalía Anticorrupción, que acaba de pedir para él 17 años de cárcel en una de las piezas principales del "caso Unión", por montar desde la cárcel de Tahiche toda una trama que, supuestamente, cobraba sistemáticamente comisiones de hasta el 10 por ciento a todo empresario que quería obtener un contrato del Ayuntamiento de Arrecife o, simplemente, cobrar una deuda.

Otros dos nombres aparecen reiteradamente en los procedimientos contra la corrupción y el descontrol urbanístico abiertos en la última década en Lanzarote: José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza, al que se acusa de enriquecerse a base de autorizar ilegalmente miles de camas turísticas en Playa Blanca; y Juan Francisco Rosa, uno de los empresarios de referencia de la isla y dueño de la bodega Stratvs y del hotel Princesa Yaiza.

Solo el "caso Unión" acumula más de 100.000 folios de instrucción, distribuidos en una decena de piezas separadas, que se han visto sometidas a todo tipo de avatares, como la desaparición (en algunos casos con sospechas de robo) de pruebas y autos con relevantes consecuencias jurídicas dictados por el juez instructor.

Por el momento, la Audiencia de Las Palmas solo ha juzgado uno de ellos -una pieza del "Unión"-, pero la Fiscalía no ha escatimado adjetivos a la hora de calificar varias de esas tramas: por ejemplo, del Ayuntamiento de Arrecife dice que Dimas Martín y compañía "incrustaron un parásito corrupto" en varias concejalías, o de la bodega Stratvs, en su día referencia arquitectónica y enológica, resalta que se construyó con tantas irregularidades, que supuso el "peor atentado ambiental" que ha sufrido la isla en dos décadas.

Este es un listado, esquemático, de algunos de los procedimientos en los que ya habido sentencia o formulación de acusación por parte del Ministerio Fiscal:

CASO UNIÓN, pieza "Batllori".

El pasado 4 de febrero, la Audiencia de Las Palmas condenó a siete años de cárcel al exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori (CC) y a cinco años y medio al expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín, por delitos de malversación y prevaricación.

En concreto, se consideró probado que Martín se las ingenió para que el Ayuntamiento de Arrecife y la sociedad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) abonaran los servicios que Batllori le prestaba como abogado, camuflando esos pagos como supuestos servicios a ambas entidades.

CASO UNIÓN, pieza sobornos en Arrecife.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer 17 años y medio de cárcel y 409.000 euros de multa para Dimas Martín por montar -y dirigir desde prisión- una trama de cobro de comisiones a empresarios en el Ayuntamiento de Arrecife entre 2007 y 2009.

En ese procedimiento Dimas Martín se enfrenta a cargos por asociación ilícita, cohecho, fraude, malversación en concurso con prevaricación y falsedad, información privilegiada y falsedad.

También están acusados varios empleados del Ayuntamiento (entre ellas una hija de Martín y el interventor municipal) y varios empresarios, como Juan Francisco Rosa, a quien se piden dos años de cárcel por un delito de falsedad que supuestamente ayudó al fundador del PIL a conseguir el tercer grado penitenciario (lo contrató como empleado de una de sus empresas, pero solo de forma ficticia, de acuerdo con la Fiscalía).

CASO YATE.

Este procedimiento investiga si el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (Partido Nacionalista de Lanzarote), se enriqueció a base de conceder de forma masiva licencias ilegales para construir hoteles en Playa Blanca, uno de los motores turísticos de Lanzarote.

La Fiscalía pide para él 30 años de cárcel, 135 de inhabilitación y más de seis millones de multa en este caso por tres delitos de prevaricación urbanística, uno de prevaricación administrativa, cinco de cohecho, uno de malversación, uno de blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios.

La acusación pública señala que, con desprecio a todos los procedimientos previstos, Reyes llegó a autorizar más de 1.500 nuevas camas turísticas en Playa Blanca en un solo día. "Tiene el récord de haber autorizado en tres días siete grandes establecimientos hoteleros en Yaiza", dice el fiscal, que señala como ilegales 14 complejos hoteleros y de apartamentos, entre ellos, el Princesa Yaiza, del grupo de Juan Francisco Rosa.

CASO STRATVS.

De bodega modélica, con 18 millones de inversión, a atentado ambiental en toda regla. Stratvs se construyó en 2008 en el paisaje protegido de La Geria y adquirió pronto tal prestigio, que hasta la Casa Real de Mónaco solicitaba sus vinos.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que para abrirla, se cometió todo un catálogo de ilegalidades: sus promotores solicitaron permiso para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, pero demolieron la casa, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega. En total, 12.000 m2, y sin una sola depuradora que garantizase que los acuíferos de la zona no se contaminaran con sus vertidos.

El empresario Juan Francisco Rosa se enfrenta a una petición de condena de 15 años de cárcel por estos hechos, que también salpican al entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Rosa, para quien se piden siete años; y a la actual regidora, Gladys Acuña, para la que se solicitan casi cuatro años. La acusación se extiende a otras 13 personas, algunos de ellos técnicos y cargos públicos del Gobierno canario, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza.

LICENCIAS DE YAIZA.

El Juzgado número 5 de Arrecife ya ha ordenado abrir juicio por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística contra José Francisco Reyes y dos empleados del Ayuntamiento de Yaiza, para los que piden penas de dos años de cárcel, en un caso relacionado con la concesión de licencias para construir 66 viviendas en Playa Blanca a su compañero de partido Pedro de Armas.

Además del entonces alcalde, en el caso están imputados el secretario del Ayuntamiento de Yaiza en aquellas fechas, en la actualidad inhabilitado, y el actual jefe de la oficina técnica municipal.

CHALET DE CARLOS MORALES.

El único caso que tiene sentencia firme de nuevo afecta al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. Este se declaró el pasado mes de diciembre culpable de dos delitos de prevaricación (urbanística y administrativa) y aceptó ser condenado a seis meses de cárcel y doce años de inhabilitación por conceder de forma ilegal en 2006 las licencias pedidas por el arquitecto Carlos Morales para construir un chalet en el barranco del Agua.

El fallo declara la nulidad las licencias otorgadas para edificar esa vivienda, propiedad de Carlos Morales y su esposa Alexia de Grecia, que se levantó en suelo rústico contraviniendo lo dispuesto por los técnicos municipales y por las normas supramunicipales.

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