El Tribunal Constitucional declaró en la jornada de ayer nulo el decreto por el que se convocó a los ciudadanos de Canarias a opinar si querían o no prospecciones petrolíferas en el Archipiélago, tras haber hecho lo mismo con el reglamento autonómico que regulaba ese procedimiento.

El Constitucional sentencia que, aunque el Gobierno canario no la convocara con ese nombre, su consulta era en realidad un referéndum, por lo que invade competencias del Estado y vulnera el reparto de responsabilidades que establece su propio Estatuto de Autonomía.

La consulta no se llegó a celebrar, sino que fue suspendida el 4 de noviembre al admitirse a trámite el recurso de inconstitucionalidad formulado contra ella por el Gobierno central.

Antes de promover este procedimiento, el Gobierno de Paulino Rivero pidió permiso al Consejo de Ministros para convocar abiertamente un referéndum. Al no recibir respuesta, planteó una consulta.