El Tribunal Supremo aduce razones de "evolución demográfica" y "progresivo aumento de la esperanza de vida" para anular una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que rechazó el recurso de un funcionario de la Hacienda autonómica próximo a cumplir los 65 años a quien se denegó seguir en el servicio activo hasta los 70. La resolución del alto tribunal, que tiene fecha del pasado 4 de junio, declara el derecho del recurrente a seguir trabajando hasta "como máximo, el momento que cumpla la edad de setenta años". La Administración autonómica es condenada a reconocer los efectos económicos y administrativos de la decisión.

El recurrente prestaba sus servicios en la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de Canarias y, tras solicitar seguir en activo hasta los setenta años la Jefatura de Servicio emitió un informe favorable al respecto.

No obstante, en una ampliación de dicho informe se instó lo contrario por razones de carácter económico "derivados de la persistencia de la crisis económica actual, que han mermado considerablemente los ingresos de las Administraciones Públicas", y aconsejaban "ser muy restrictivos a la hora de proponer la prolongación de la permanencia en el servicio activo". Se aducía también que la reorganización de las oficinas que se había iniciado pasaban por la redistribución del personal.