Los actos notariales repuntaron el año pasado por primera vez en Canarias desde que empezó la crisis con una subida del 4% en 2014 con respecto al año anterior hasta un total de 283.125, según recoge el "Observatorio notarial de la realidad económica" de los canarios 2007-2014 hecho público ayer.

A lo largo de la crisis económica, los actos notariales cayeron un 47% en el Archipiélago, al pasar en 2007 de 516.917 a 273.626 en 2013.

En 2014, un total de 255.739 canarios acudieron al notario, y según Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, se advierte un "cierto optimismo" con la economía en los últimos meses, con un "repunte de la actividad" que dibuja una imagen más "prometedora", si bien aclaró que aún puede tratarse de una impresión algo "subjetiva".

Los actos notariales más comunes en Canarias son pólizas y otros documentos mercantiles sujetos al antiguo arancel de corredores (62.489); apoderamientos (51.243); actas (33.769); contratos traslativos sobre bienes y derechos (31.756) o actos con entidades de personalidad jurídica (23.201).

Cavallé destacó también el aumento de las renuncias a las herencias, que aumentaron un 260% desde el año 2007 al pasar de 338 a 1.218.

En cuanto a la compraventa de viviendas, cayó un 54% desde el comienzo de la crisis en 2007, si bien desde 2012 viene subiendo hasta culminar el año pasado con 17.974 operaciones, un 15% más que en el año anterior.

Asimismo, el informe señala que el precio promedio del metro cuadrado bajó un 29% desde 2007 al pasar de 1.737,69 euros a 1.237,86 euros. Los préstamos hipotecarios también se redujeron un 78%, aunque el año pasado ya subieron un 37%, mientras que la cuantía también cayó un 37% hasta superar ligeramente los 101 millones de euros.

En Canarias hay 98 notarios, 51 en la provincia de Las Palmas y 47 en la de Santa Cruz de Tenerife. El 53% tiene menos de 50 años, el 69% son hombres y el 31% mujeres, aunque su presencia aumenta en las últimas promociones.

Cavallé reivindicó el carácter "imparcial" de los notarios como funcionarios públicos, utilizando el símil del "árbitro" que debe hacer cumplir las leyes entre las partes contratantes, aunque no ocultó que en muchas ocasiones en España no se legisla bien.

En este sentido, solicitó que haya "más herramientas" para poder luchar contra los desequilibrios, poniendo como ejemplo que en el caso de las "cláusulas abusivas" no puede intervenir si no hay una sentencia judicial previa.