En sus primeros días como consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, la majorera Soledad Monzón se expresa con la prudencia de quien sabe que gran parte de lo que ocurra en el ámbito educativo dependerá de la situación económica y las limitaciones que impone el Estado. No aboga por la insumisión ante la Lomce, pero rechaza de forma tajante la ley, al tiempo que promete diálogo con los sindicatos, haya acuerdo o no.

¿Qué legado recibe del anterior consejero?

Recibo una Consejería tranquila, que ha trabajado bien y en paz. Aspiro a que, como mínimo, podamos hacer lo mismo.

Algunas de las medidas puestas en marcha en los últimos años tienen que ver con la compensación de desigualdades, como los desayunos escolares o la apertura de comedores en verano. ¿Entra en sus planes mantenerlas?

Claramente. Han paliado una situación social complicada que impide que el rendimiento escolar sea el óptimo. Vamos a seguir manteniendo, de momento, todas esas medidas sociales, con todos los complementos que podamos mejorar. Ojalá llegue un momento en que no sean necesarias.

¿Seguirán desarrollando la Lomce?

El camino va a ser el seguido por el anterior gobierno. Tanto el PSOE como CC mantuvieron una posición contraria a la Lomce, pero no por ello dejó de aplicarse el calendario en la medida en que lo exigía la ley para el pasado curso. En ese doble camino continuamos trabajando: seguimos exigiendo al Ministerio que paralice la aplicación del calendario y nos sumamos a la petición de otras comunidades autónomas de que se reúna la Conferencia Sectorial de Educación. Pero de no producirse eso, Canarias, al igual que otras regiones, no se puede permitir el incumplimiento de una ley. No queremos hacer nada que dificulte que el inicio del curso sea lo más tranquilo posible... Ese decreto está en elaboración, y si tenemos que sacarlo se sacará, pero el objetivo es que no tengamos que hacerlo.

¿Cabe entonces la posibilidad, si se produce ese acuerdo, de que no se publique el decreto?

Claro. Si se para el calendario y podemos llegar a un acuerdo, veríamos si es necesario o no y qué aplicaríamos en ese momento. Pero jugamos con muy poco tiempo y todo apunta, por las declaraciones del Ministerio, a que no hay una intención de pararlo.

También está en vigor la Ley Canaria de Educación, que fija el objetivo de elevar la inversión de esta materia hasta el 5% del PIB en ocho años. ¿Es factible?

Ojalá. Si se cumple, bienvenido sea. Habrá que hacer todo lo posible para que podamos cumplir la ley porque, en este caso, beneficia a la educación, no como la Lomce. Nuestros esfuerzos tienen que ir orientados a ese objetivo, y más cuando la Ley Canaria sí que se hizo como debe hacerse una ley de este tipo: con consenso, participación y el trabajo y la responsabilidad de todos.

¿Se convocarán en 2016 las plazas de la oferta pública de empleo docente de 2015 que no se han convocado este año?

Tenemos que afianzar esa idea de que podemos, de alguna forma, obviar esa restricción a la hora de la contratación del profesorado. En la medida en que sea posible, nuestro objetivo es lograr la mayor estabilidad de los docentes, porque trae como consecuencia la mejora de la calidad educativa, pero no debemos aventurarnos a confirmarlo hasta que no tengamos claro que efectivamente podemos hacerlo.

El profesorado reclama una mejora salarial a través de los sexenios. ¿Tiene previsto entablar alguna negociación con los sindicatos sobre este asunto?

Con los sindicatos vamos a entablar todas las negociaciones necesarias, porque nuestra voluntad es llevar todo lo que podamos al mayor nivel de consenso, diálogo y colaboración. Los sindicatos son una parte fundamental de la comunidad educativa y en la medida en que podamos cubrir sus demandas lo haremos, y cuando no, también será con el entendimiento con su parte.

¿Hay margen de maniobra para aumentar los sueldos?

No lo sé. Todavía no puedo decirlo, pero todo lo que sea mejorar la calidad de la enseñanza, de la que el profesor es una parte fundamental, contará con nuestra atención.

Suele señalarse la baja participación de las familias como una de las debilidades del sistema. ¿Cómo puede corregirse?

Mi percepción no es precisamente esa, sino todo lo contrario. Las familias están haciendo grandes esfuerzos por participar como parte de la comunidad educativa, no solo a través de las organizaciones de padres y madres, sino económicamente. Cuando desde la Administración no se ha podido cubrir algunas cuestiones, son las familias las que han hecho los esfuerzos.

¿Es viable articular un nuevo sistema de financiación universitaria, incluso a través de una ley?

Hasta que no se produzca una reunión formal no voy a conocer la demanda concreta de las universidades. Sí conozco lo que pasó con el contrato-programa, que era de imposible cumplimiento y no fue renovado, pero entendiendo la importancia que tiene la enseñanza universitaria, si pudiéramos llegar a un sistema de financiación mejor que el actual y, además, que las dos universidades compartan, trabajaremos en esa línea.